Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, defendió este sábado la que la Contraloría General de la República “sí está facultada para realizar investigaciones sobre posibles desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, tal como lo ha recomendado el presidente Luis Abinader”.
La ex vicepresidente de la República definió como institucionalmente pertinente y legalmente correcta la recomendación del jefe4 del Estado para que los diferentes departamentos de su administración que deseen realizar auditorías, puedan hacerlo a través de la Contraloría.
Ortiz Bosch citó el numeral 7 del artículo 14 de la ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) y de la Contraloría General de la República, que faculta a ese órgano “para realizar investigaciones administrativas sobre desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos”.
Estas investigaciones se realizarán en base “a su atribución evaluadora a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de esta ley”.
Expuso que el reglamento de la aplicación de esa misma ley, dictado por el presidente Leonel Fernández en el año 2007, también le otorga poder a la Contraloría para realizar este tipo de pesquisas a solicitud de las instituciones públicas interesadas.
El reglamento señala que “las entidades y los organismos bajo el ámbito de la legislación, no podrán interponer, ante la Contraloría y sus unidades de auditoría interna, reservas ni limitaciones a la transparencia, que no hayan sido expresamente establecidas por ley”.
Añadió que por esa razón ha sugerido recurrir a la Contraloría General de la República para reforzar el control de fiscalización que ejerce la Cámara de Cuentas.
“No se trata de anular a un poder del Estado, sino de complementar su labor como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, como lo dispone la Constitución de la República”, subrayó.
De esta forma la funcionaria coincide con varios juristas y contadores públicos que entiende que la Contraloría puede auditar las cuentas de todas las instituciones del Gobierno, contrario a otros que consideran inapropiado que el Ejecutivo se audite a sí mismo.
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