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Más del 50% de servidores públicos entrantes y salientes declaró su patrimonio

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: En lo que se considera constituye un récord de acatamiento “voluntario” de un mandato legal, más de tres mil funcionarios entrantes y salientes de los poderes del Estado, han declarado sus patrimonios ante la Cámara de Cuentas, hasta este martes, según se informó en la agencia.

Aunque la fecha límite para declarar sus bienes se cumplió el pasado día 16, debido al congestionamiento de la plataforma digital instalada en la Cámara de Cuentas, el pleno del organismo amplió el plazo de entrega hasta este lunes 28 próximo.

Esto permitirá a los más de 6,000 sujetos obligados que deben cumplir con la disposición con declarar sus bienes, en cumplimiento de la Ley 311-14, hacerlo ante el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio.

En caso de que algún funcionario vigente o cesado no presente una relación de sus bienes y deudas o falsee la que entregue, la Cámara de Cuentas lo notifica a la Procuraduría General de la República para abrir una investigación.

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En relación con los exfuncionarios, estos deben presentar su declaración jurada a más tardar 30 días desde que abandonaron sus cargos, al igual que los designados, a contar de la fecha de su nombramiento.

La advertencia

El presidente Luis Abinader advirtió el pasado 27 de agosto que los funcionarios designados que no entreguen su declaración de patrimonio serían suspendidos y si persistían, cancelados definitivamente de sus puestos.

De su lado, la Procuraduría General de la República anunció que serán revisadas las declaraciones juradas de bienes de los nuevos y salientes funcionarios.

Y en igual dirección se manifestó la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien advirtió sobre las penalidades por la falsedad de información.

Textualmente, al artículo 15 de la Ley 311-14, sobre el delito de falseamiento de datos expresa: “Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central”.

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Los que por ley están obligados a declarar sus patrimonios son el presidente y la vicepresidenta de la República, los legisladores, jueces de las altas cortes y el procurador general.

Además, los ministros, gobernadores, alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales, el rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los titulares de las direcciones públicas y los encargados de compras, altos rangos militares y policiales, embajadores, cónsules, entre otros.

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