Redacción/El Correo
Aunque el vídeo donde se escucha al director general del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, cuando requería a asalariados alegadamente del sector privado el respaldo al candidato a director del distrito municipal de La Canela, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), funcionarios del organismo oficial que dirige afirman que su superior “no es persona que haga eso”.
El filme recoge el coraje de Collante dando puñetazos en la mesa y asegurando que cancelaría a los que no votaran por su correligionario.
Lo extraño es que si eran empleados del sector privado de una de sus empresas no tenía que amenazarlos, sino proceder a su cancelación y darles sus prestaciones correspondientes, comentan algunos.
De igual manera extraña que los asalariados no gubernamentales hayan sido convocados a una reunión política que realizó el sábado 8 de febrero.
Al ser confrontado por inspectores de la Junta Central Electoral, Collante aseguró que no llevó a empleados de la Departamento Aeroportuario “para amenazarlos y conminarlos a votar por el candidato”.
“Si yo quiero decirles las cosas a los empleados se lo digo aquí, la mayoría de las gentes que estaban ahí, primero son empleados privados y algunos de ellos no califican para ser empleados de una institución como esta; ese es un vídeo malsano, yo nunca mencioné empleados, yo dije que la gente que me sigue a mí, que a mí nadie me hace musaraña, porque yo tengo demasiada experiencia política”, alegó.
Las declaraciones de Collante están contenidas en el informe enviado por Rita Elizabeth Díaz Peguero y Juan Aníbal Marte, inspectores de la JCE, entregado al presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán.
Collante fue denunciado penalmente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en un expediente que también incluye al senador Félix Vásquez, el cual fue remitido por la JCE a la Procuraduría General de la República para los fines de lugar.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
