Por Manasés Sepúlveda Hernández
Para muchos observadores y cientistas sociales, los programas asistencialistas que lleva cabo el Gobierno dominicano tienen una muy alta vocación clientelar: una masa de pobres de maletín que pueden manejar a su antojo para fines electoreros.
Algunos consideran que se hace necesario reorientar el Plan Social y las políticas asistencialistas que contrario a lo que muchos líderes políticos quieren hacer creer no traen desarrollo ni riqueza; todo lo contrario, los llamados “pobres portátiles”. Masas manipuladas bajo la premisa de dádivas que apenas alcanzan para comer uno o dos días.
El aparato estatal a través de sus mecanismos de comunicación utiliza estrategias para trivializar las causas estructurales de la crisis, promoviendo la ‘espectacularización’ de la pobreza y promocionando la caridad como la mejor actitud moral que se debe adoptar frente a las desigualdades sociales. Una visión simplista de la realidad, incluso han llegado a amenazar a la población de la pérdida de los supuestos beneficios de los programas asistencialistas si no votan por el gobierno de turno.
Comprobar esa situación es fácil: sólo tomar como ejemplo el análisis del discurso de funcionarios del actual Gobierno como es el caso de Lucía Medina cuya arenga es repetitiva recordando a sus seguidores y al pueblo en general que “si quieren más calles y callejones asfaltados, más visitas sorpresa y su impacto en el campo, tarjetas de solidaridad, más hospitales, deberían votar por el Partido de la Liberación Dominicana”.
El Plan Social de la Presidencia está desnaturalizado en su esencia. Ya se han hecho denuncias sobre el uso de las llamadas cajas navideñas y fundas de comida para otorgar cientos de ellas a periodistas y funcionarios.
Su directora, Iris Guaba, cuestionada por querer licitar casi mil millones de pesos en electrodomésticos en plena campaña electoral, había ordenado a sus seguidores que “chequeen las noticias” y que les caigan a Huchi Lora, Altagracia Salazar y a Orlando Jorge Mera” ya que los pobres se “iban a joder porque no podrán pedir nada al Plan Social”. Aunque la señora se retractó de esas palabras porque supuestamente fue “mal interpretada” por los medios, lo cierto es que lo dijo públicamente y el Gobierno ni siquiera dio unas disculpas públicas por semejante exabrupto.
Incluso, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en plena rueda de prensa en el Palacio Nacional rehusó hablar del tema porque “no estaba en agenda” como si se tratara de una actividad o espectáculo que necesitara guión.
Voces sensatas entre ellas Reinaldo Pared Pérez, consideraron como una imprudencia la compra de electrodomésticos para repartirlos en plena campaña, violando así la ley electoral.
Tampoco dicha compra estaba en la programación de este año en la Dirección General de Compras y Contrataciones, organismo que hasta ahora no ha dicho nada al respecto.
Lo cierto es que la mala práctica de usar los recursos asistencialistas del Estado para lograr votos es una deformación dentro del sistema electoral dominicano que tiene un régimen de consecuencias prácticamente nulo. Las instituciones llamadas a corregir esta situación carecen de rigor institucional frente a un Gobierno que está en plena campaña electoral.
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