Redacción/ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: Si el objetivo de la Ley 311-14 de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios gubernamentales es promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa de las herramientas normativas que les permitan ejercer sus funciones de manera eficiente, muy pocos o casi ninguno las ha cumplido.
Como muestra del señalamiento precedente, es citado el caso del saliente ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, quien en su declaración jurada de bienes entregada a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Fondos Públicos, el 16 de septiembre de 2016, dijo poseer un patrimonio superior a los “RD$480.3 y 650,012 dólares.
Sumados esos renglones más una deuda pendiente de cobro por 184.4 millones de pesos, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) acumularía un patrimonio de RD$694.6 millones.
Si bien Vargas Maldonado no calificaría en la lista de “los hombres de Danilo Medina”, su permanencia de cuatro años en el manejo de la política exterior de la República Dominicana le asigna una cercanía similar con el expresidente.
Sin embargo, la dependencia receptora del documento “no se dio cuenta” que en el mismo no se hacía constar el ingreso por la venta de un edificio al Estado dominicano en 2005, para alojar las oficinas principales de la Dirección General de Aduanas (DGA), por un monto de mil millones de pesos, suma que superaba el patrimonio presentado.
Vargas Maldonado, quien llegó al cargo por su condición de presidente del PDR, entidad que formalizó en los comicios de 2016 una alianza con el entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó una declaración en la que consigna devengar “100 mil pesos bruto (RD$80,728 luego del pago de impuestos y deducciones) como miembro de Inversiones Inmobiliaria Harna, S.A”.
También que, como canciller, cargo que inició a ejercer el 16 de agosto 2016, recibía ingresos de 300 mil pesos brutos.
El exministro de Obras Públicas durante el Gobierno de Hipólito Mejía, en el apartado “bienes inmuebles”, en lo que respecta a las viviendas a su nombre, no aparece observación alguna y sí la tenencia de 14 vehículos de motor con un valor total de RD$20.3 millones.
“Entre estos vehículos, citó una yipeta Audi Q7, del año 2014, con valor de RD$2,711,050; autobús marca Toyota, del año 2013, con un valor de RD$1,561,280; cuatro yipetas Chevrolet del 2011, por valor de RD$1,286,600 cada una; otra del año 2015, valorada en RD$2,871,875 y una más del 2013, con valor de RD$919,000.
Los muebles del hogar los valoró en RD$15,350,000, mientras que a los enseres electrodomésticos, les asignó un costo de RD$9,870,000, en tanto, sus teneres suntuarios, expresó que ascendían a US$543,700, entre estos un cuadro de Oswaldo Guayasamín, por US$75,000; un Tovar de US$150,000, así como esculturas Botero, con precios oscilantes entre los 30 mil y US$50,000.
Activos nacionales e internacionales
El canciller saliente informó tener activos nacionales e internacionales en el Banco Dominicano del Progreso, en cuenta corriente, por RD$163,355; dos cuentas de ahorro en Banreservas, por US$487 y RD$4,009, así como otra en el Banco Popular Dominicano, por US$20,572, y en el Bank of América, en Estados Unidos, por US$85,253, ambas a nombre de su esposa María de los Ángeles García (Angelita).
Sus inversiones
Respecto a sus inversiones en empresas, el ex canciller dijo tener acciones en 21 empresas establecidas en el país, Estados Unidos y Panamá, especificando la empresa General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S. A, con un valor de RD$373,9 millones.
Asimismo, en Inversiones Alberique S.A e Inversiones Inmobiliarias HARNA, S.A, por valor de RD$14.8 y RD$3 millones, además, en Almacenes Empresariales de Depósitos, S.A, con RD$5,7 millones (cifras redondas).
También posee acciones en dos empresas en Panamá: la Lubre Management y Capelli Pacific Investments, con un valor en ambos casos de ocho mil dólares, así como dos valores de RD$499,800 en la empresa Air Caribbean Transport, SRL.
En total, las inversiones en capital presentadas del dirigente político ahora opositor que totalizan RD$434.5 millones
De igual manera, presentó una cuenta por cobrar de RD$184.4 millones, a la Intelar, SRL, por concepto de inversión, desde el 12 de abril del 2010 hasta el 16 de agosto del 2016.
Gastos
Los gastos reportados por el dirigente político fueron deudas de tarjetas de crédito en varios bancos comerciales hasta el 16 de agosto de 2016, entre 29 mil y RD$80,000, y en dólares otras dos tarjetas de 957.71 y 6, 128.24, respectivamente.
También una deuda con el banco de ahorro y crédito Motor Crédito S.A, por la compra de vehículos entre el 2013 y 2014, ascendente a un monto de RD$4,492,294 y otra pendiente de RD$3,000,898.
Al Banco de Reservas le adeudaba RD$2.4 millones en 2012, por concepto de compra de vehículos, de la cual quedaban pendientes unos RD$778,254, además y por el mismo concepto, otros RD$1,033,200, retando un saldo de RD$510,929.
Vargas Maldonado también le debía a la Asociación de La Vega Real de Ahorros y Préstamos por compra de vehículos, adquiridos en 2013, un total de RD$4,894,707, a la cual le fue abonando hasta quedar pendiente de pago RD$3,573,452.
Sus deudas personales, eran por un monto de RD$432,325,500 pesos, restando al momento de hacer su declaración de bienes en RD$425,151,742. Entre deudas personales y por vehículos, registraba un saldo pendiente de RD$433,015,275.
La venta del edificio a Aduanas
En mayo de 2005, el entonces director de Aduanas, el ya fallecido Miguel Cocco, envió un informe al procurador general de la República con detalles del proceso de compra al presidente del PRD, por RD$1,000 millones, de un edificio para alojar las oficinas aduaneras principales y le requirió una exhaustiva investigación de la operación.
Cocco explicaba que hizo el requerimiento fundamentado en el artículo 265 del Código Procesal Penal que establece el derecho de toda persona que sea imputada públicamente de la comisión de una infracción, a comparecer ante el Ministerio Público y solicitarle una investigación.
“A pesar de que esa operación comercial fue formalizada de manera transparente, la misma ha sido objeto de cuestionamientos públicos, que podrían levantar dudas sobre nuestra honra y consideración”, expresaba Cocco al entonces procurador Francisco Domínguez Brito, en comunicación fechada el día 16 de mayo de 2005.
El informe, titulado “Historia de un edificio”, consta de 133 páginas, incluidos anexos de documentos oficiales, copias de cheques y fotografías de la edificación.
Presenta copia del poder especial 83-05 que dio el Poder Ejecutivo al secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, el 4 de abril de 2005, para la compra del edificio.
Sin embargo, Vargas Maldonado nunca transparentó esa operación en su declaración de bienes, y no se sabe si lo hará en la que corresponde a su salida del cargo.
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