Perspectiva

Los escollos de la “justicia virtual”

Por Evelyn Torres

Colaboración/El Correo.do

Desde el 19 de marzo del 2020 el COVID-19 se integra a la cotidianidad nacional y nos obliga a implementar cambios en nuestro diario vivir, se imponen desde protocolos de higiene, seguridad sanitaria, distanciamiento físico, regulación de horarios, cierres de comercios , toque de queda, etc. Todo por causa del mencionado virus, que hasta hoy se mantiene amenazando a las naciones e impidiendo que retomemos nuestra normalidad.

Esta realidad, como consecuencia de la pandemia, se impone a la administración de justicia la que en respuesta al reclamo de la colectividad jurídica cierra sus puertas desde el día 19 de marzo, detiene el conteo de los plazos jurisdiccionales y administrativos hasta el tercer día luego del cese del Estado de Emergencia declarado mediante la Resolución 62-2020 que autoriza al Presidente de la República a declarar a la República Dominicana en Estado de Emergencia.

Durante el tiempo de pandemia y ante el arraigado reclamo de los abogados, ahora, por lo contrario requieren la apertura de los tribunales, el Consejo del Poder Judicial emite una serie de resoluciones en las que adelanta la implementación de una modalidad virtual de acceso a la justicia que, en opinión propia, si bien no resulta perfecta, presenta una opción en este tiempo en el que las aglomeraciones de personas presentan el mayor riesgo de contagio.

Te puede interesar:   Ojo con la inversión en Educación

Sumado a lo anterior se unen los reclamos de la ausencia de facultad regulatoria para modificar la ley del Consejo del Poder Judicial y, a consecuencia de esta, la inconstitucionalidad de las Resoluciones que dicho órgano ha emitido para fijar los protocolos de acceso a la “Administración de Justicia” en los términos previstos por el artículo 69 de nuestra Carta Magna.

Es nuestra principal postura la de tratar de entender cual es la intención final de la clase jurídica, si prefieren una justicia que por presión social cree condiciones de aglomeración y convierta los tribunales en un foco de contagio que por vías de consecuencias afecte también al sistema de salud nacional o la implementación de un acceso que con sus defectos permita obtener, acorde los momentos vividos, respuestas a las peticiones de los usuarios.

Mi posición ante esta penosa realidad es que la virtualidad, si bien ha sido impuesta de manera acelerada, una vez superados los escollos propios de la implementación permitirá ese acceso efectivo hoy reclamado con celeridad, diafanidad, eficacia y sobretodo de manera moderna con sobrada transparencia, pues el propio sistema, la contraparte y los colaboradores del sistema de justicia serán una especie de veedores en cuanto al manejo de los expedientes.

Te puede interesar:   La sombra de la crisis acompañará asunción de Abinader

La virtualidad cercena las influencias ante los diferentes actores, la alteración del orden de los expedientes o en el peor de los casos el estancamiento de uno en específico y esas posibilidades nos dotarán de normas diáfanas de obligatoria observancia.

Recordemos pues, que la eficacia no sólo se crea con el tiempo de respuesta sino con que esa respuesta sea otorgada acorde a los principios y valores que sustentan nuestra Constitución, así aquellas normas sustantivas y procesales que complementan el ordenamiento jurídico interno nacional.

Etiquetas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar