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Los editores de prensa alertan: el plan contra la desinformación “podría vulnerar la Constitución”

En opinión de los principales editores de noticias de España, este procedimiento podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el «derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones».

El Mundo

MADRID.- APM: “El peligro más obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad”.

El plan ejecutado por el Gobierno para intentar controlar los flujos de desinformación supone un importante riesgo para derechos fundamentales y para las garantías profesionales de los periodistas, tal y como han advertido diferentes asociaciones y colectivos consultados por EL MUNDO.

También la Asociación de Medios de Información (AMI) ha mostrado su «profunda preocupación» por el paso dado por el Gobierno porque «podría vulnerar el espíritu de la Constitución».

Según subraya la AMI, establecer niveles de activación que podrían llegar a la «toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional», como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que sólo corresponden al poder judicial.

El Consejo de Seguridad Nacional aprobó el miércoles el nuevo procedimiento contra la desinformación impulsado por el Gobierno y que el BOE publicó este jueves. El Ejecutivo ha creado una Comisión Permanente para este fin que será coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación. Las riendas las llevarán Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.

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“El principal peligro es que ese comité sea utilizado con fines políticos, dada su dependencia gubernamental”, advierte Nemesio Rodríguez, presidente de la Fape (Federación de Asociaciones de Periodistas de España).

“Ponemos serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha contra la desinformación porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos”, apunta, por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño. Y añade: “El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad”.

Tanto la Fape como la APM coinciden en que “la desinformación supone una clara amenaza a los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información” y ambas asociaciones se muestran favorables a las iniciativas encaminadas a luchar contra este problema. Sin embargo, consideran que el plan por el que se ha decidido el Gobierno esconde importantes peligros. “Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos”, apunta Caño. “No es tarea de ningún comité decidir qué es y qué no es información. Esta es una tarea exclusiva de los periodistas y de los medios”, añade Rodríguez, quien advierte: “Estaremos vigilantes y denunciaremos todo intento de limitar tales derechos”.

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Caño subraya que “la libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático” y considera que “la mejor ley de prensa es la que no existe”. En su opinión, “la excesiva regulación supone una merma de libertad”. El presidente de la APM recuerda que “la legislación ya tiene establecidos los cauces adecuados para ejercer el derecho de rectificación ante los medios cuando sea necesario”.

Nemesio Rodríguez apunta admite que “la lucha contra la desinformación es una tarea que incumbe no sólo a los periodistas, sino también a los gobiernos, instituciones, plataformas digitales y ciudadanos en general”, pero al mismo tiempo afirma que la creación de este comité ideado por el Gobierno de Pedro Sánchez “sólo tendría sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas de desinformación que procedan de terceros países y que pongan en peligro, por ejemplo, la seguridad o la salud de los ciudadanos”.

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También en la Federación de Sindicatos de Periodistas(FeSP) ven algunas dudas en el plan del Gobierno porque “puede haber quien caiga en la tentación de querer controlar la información, con la excusa de combatir la desinformación, y eso sería totalmente rechazable”, según alerta Agustín Yanel, secretario general de la FeSP.

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