Colaboración/elCorreo.do
PRESPECTIVA: Ningún acto irregular es justificable desde las esferas de un gobierno que, como el del Presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), alcanzó en las urnas el derecho a dirigir los destinos nacionales con el discurso del combate a la corrupción, interpretando el sentir de las mayorías, cansadas de las burlas de funcionarios y testaferros que administraban los recursos del Estado como si fueran vulgares negocios de su exclusiva propiedad.
De manera que no puede extrañar la algarabía creada por la distribución de 100 millones de pesos entre artistas populares por parte del coordinador de las políticas sociales del Gobierno, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), en medio de la pandemia que mantiene a los beneficiarios sumidos en una crisis sin precedente, por la imposibilidad de realizar sus trabajos como creadores de alegría en la población, especialmente en esta temporada navideña.
Ocurre que el debate por los 100 millones opacó momentáneamente la atención de la ciudadanía en las operaciones que realiza la Procuraduría General de la República contra los autores de desfalcos por decenas de miles de millones de pesos contra el Estado durante el pasado gobierno de Danilo Medina. La oportunidad se la puso Peña Guaba en bandeja de plata a quienes han orquestado toda una campaña en su contra hasta pedirle la renuncia y exigirle al presidente que lo eche de su gobierno.
No queda duda de que Peña Guaba cometió un error que, sin embargo, podría servir para medir el alcance de los cañones que se encuentran emplazados contra el gobierno de Abinader, que apenas iniciaron su calentamiento en esta primera oportunidad, mientras sectores afines a la administración que inició el pasado 16 de agosto pudieron quedar advertidos de que los funcionarios oficiales no se pueden dar el lujo de cometer pifias que faciliten a los desplazados del poder convertirlos en los villanos de la película.
Al más ingenuo podría resultarle chocante el escándalo que copó todos los medios y las redes desde que Peña Guaba comenzó a entregar los cheques a los artistas, ante las cámaras de televisión, como quien no entiende que está cometiendo nada bochornoso. Probablemente el funcionario pensó que se trataba de una acción propia de sus funciones, en medio del Estado de Emergencia.
Pero aún así, ha debido pagar caro su error ante la opinión pública, por actuar con falta de tacto en el momento histórico y las circunstancias en que su partido ha tomado las riendas de la cosa pública.
Los tres colores del cristal
Todas las críticas que llovieron contra la decisión del coordinador de políticas sociales de la Presidencia no tuvieron el mismo interés ni las mismas motivaciones. Más bien estuvieron divididas entre los que quisieron igualar la irregularidad cometida con los desmanes del pasado gobierno, que hoy son investigados, y los sectores progresistas que se identifican con las iniciativas anticorrupción del Presidente Abinader, que no quieren que las mismas terminen desacreditadas.
Pero las más trascendentales de las visiones detrás del cristal de los intereses de los protagonistas políticos y sociales son las de los que desde el mismo gobierno rechazaron la indelicadeza del funcionario y le buscaron correctivos, como fue la actitud del director de Compras y Contrataciones del Estado, Carlos Pimentel, y la directora de Ética Gubernamental, la ex vicepresidente Milagros Ortiz Bosch.
Con las actuaciones de Pimentel y Ortiz Bosch, el gobierno de Abinader ha logrado atenuar los ataques de quienes tomaron los 100 millones distribuidos por Peña Guaba como pretexto para desacreditar su proclamada lucha contra la corrupción. De manera que será el funcionario quien deberá cargar con la culpa de su falta de tacto, mientras merengueros y bachateros harán lo que les parezca con sus “chelitos”.
La posición de Milagros Ortiz Bosch
Para Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas de objetar los contratos por $103 millones de pesos a 70 artistas adjudicados por Peña Guaba, sentará un precedente para que los nuevos funcionarios sepan que tienen que actuar con transparencia en el manejo de los recursos del Estado, con el criterio de que la rectificación de la iniciativa es una señal de que hay un cambio en el manejo de los fondos públicos.
Ortiz Bosch defendió la decisión de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, al objetar los contratos, resaltando que una advertencia para que quienes lleguen a los cargos en el futuro sepan que todo uso de fondos públicos requiere de un procedimiento.
La veterana política valoró como una novedad que una institución gubernamental “cuestionara una acción de otra parte del Gobierno, como lo es el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, eso antes era muy difícil. Entonces hay una lucha permanente de comprensión de los que son las reglas fundamentales e institucionales en las que descansa el estado de Derecho de la sociedad”.
En un visible esfuerzo por contextualizar las críticas provocadas por los fallidos contratos de Peña Guaba con los artistas, Ortiz Bosch advirtió que “estamos frente a una población sensible, una ciudadanía consciente de la importancia del uso correcto de los fondos públicos y que cualquier cosa que se haga con las mejores intenciones, porque nadie niega que el sector artístico que vive de hacer fiesta, ha sido muy lesionado, porque son músicos que también tienen su familia”.
Algo que ha quedado claro
Con la experiencia vivida por Peña Guaba debe quedarles bien claro a los funcionarios del gobierno de Luis Abinader que se encuentran bajo vigilancia de “entramados mediáticos” que podrían logra poner en la palestra pifias como la cometida con los artistas y los 100 millones, sacando del interés público el tema de la mega corrupción de la administración Medina, sometida bajo persecución del Ministerio Público.
El director de Contrataciones Públicas le recomendó a Peña Guaba rescindir los contratos y detener la suscripción de otros nuevos. Los 100 millones ya habían sido entregados, por lo que Peña Guaba optó por cambiar el nombre de la transacción y en lugar de contrato llamarla “apoyo solidario”.
Gente que no se inmutaba ante las denuncias de desfalco al Estado por miles de millones de pesos, de acuerdo con expedientes sometidos por la Procuraduría general de la República, le ha estado pidiendo la renuncia a Peña Guaba por repartir 100 millones de pesos a los músicos silenciados por la pandemia en Navidad.
Como dijo Ortiz Bosch, los funcionarios del nuevo gobierno deben estar advertidos de la calidad de los cañones que les tienen preparados para presentarlos como corruptos peores que los del gobierno saliente, aunque su acción apenas califique como una piñata desorganizada.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
