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Ligan aprobación presupuesto complementario a interés del Gobierno tramo final de campaña

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: Hace más de 20 años la población dominicana escuchó atónita cuando el entonces secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Lidio Cadet, expresó que “el mal comío no piensa”. Y parece que ese criterio aún persiste en el pensamiento del PLD a pesar de transcurrir del tiempo.

El paralelismo de aquella época con la actual se establece porque el Poder Ejecutivo logró que se le asignaran cuatro mil millones de pesos más al Plan Social de la Presidencia, entidad que en los primeros cinco meses del año ha agotado el 90% de los más de tres mil millones que le fueron consignados en el presupuesto general del Estado para este 2020.

Pero el aumento de presupuesto no solo estaría encaminada a la dependencia encargada de la asistencia social integral, sino también el gabinete de políticas sociales que dirige la vicepresidencia de la República Margarita Cedeño, candidata a una tercera reelección, para el cual se le adicionarán más de 22 mil millones de pesos.

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Cedeño coordinó los programas sociales hasta que se le forzó a tomar licencia.

El Poder Ejecutivo autoasignó un algo más de RD$31 millones “para dar respuesta a la crisis creada por la pandemia del coronavirus COVID-19”, cuyos montos correspondientes al programa Solidaridad, el Plan Social y la presidencia de la República, según explicó el experto en presupuesto, José Rijo Presbot, “están explicados en cuatro anexos adjuntados al proyecto de presupuesto”.

Según los informes de ejecución del Plan Social, a mayo de este año se gastaron 3,484 millones de pesos, de los cuales 3,854 le fueron dados para este 2020.

Consultado al respecto el economista Pavel Isa Contreras, éste consideró que, como parte de su responsabilidad con la transparencia, el Ministerio de Hacienda debería explicar tanto a los legisladores como al país de qué se trata el nuevo presupuesto.

‟Este proyecto de modificación presupuestaria es opaco e impenetrable, un verdadero peñón de granito que obliga a largas horas de trabajo del ojo especializado, sin seguridad de lograr entender todos sus aspectos”, concluyó.

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“Ayuda condicionada”

En los récords de gastos de la institución se encuentran también la autorización de compras mediante tres licitaciones para la adquisición de productos alimenticios, así como electrodomésticos y materiales de construcción que serían distribuidos a personas de escasos recursos.

Falta agregar que esas acciones se activaron con la mira puesta en las frustradas elecciones del 16 de febrero y nada más, no por socorrer esos sectores marginados.

Justo en febrero último, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, fue prácticamente obligado a “recomendar” al Gobierno suspender “motu proprio” la compra y distribución de electrodomésticos porque no era una acción social prioritaria y que en este momento “puede prestarse a confusión”.

Castaños Guzmán se pronunció al ser consultado sobre el anuncio del Plan Social de que se disponía a repartir 946 millones de pesos en electrodomésticos, enseres del hogar, comida y materiales de construcción a “personas necesitadas” antes de que se declarara el estado de emergencia nacional.

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Varias medidas fueron tomadas por el Gobierno para afrontar la crisis producida por el COVID-19, entre ellas aumentar hasta 5,000 pesos los fondos entregados a las familias a través del programa Progresando con Solidaridad y hasta 7,000 en los casos en que los adultos mayores sean los jefes de hogar.

Ahora sería igual

Se teme que aquél empeño del gobierno de adquirir enseres que nunca le solicitaron sea replicado en estos días finales de la campaña electoral, para tratar de mejorar la posición que viene asignándole la población en la mayoría de las encuestas.

Sólo “en las que nosotros hacemos”, como repite el ministro José Ramón Peralta, es que el candidato presidencial oficialista Gonzalo Castillo ocupa una posición aceptable, lo que al parecer se busca mejorar con el reparto el reparto de alimentos a cambio de un quimérico respaldo en las urnas del domingo 5 de julio.

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