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Las razones detrás de la toma de una decena de escuelas en Buenos Aires (y por qué el gobierno local quiere multar a los padres de los alumnos)

Los centros de estudiantes reclaman mejoras edilicias y denuncian intoxicaciones por las viandas de comida en "mal estado".

RT

BUENOS AIRES.- Al menos once escuelas de la Ciudad de Buenos Aires permanecían este miércoles tomadas por sus estudiantes en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.

El conflicto lleva casi una semana, ya que la primera toma fue el viernes, y la tensión se eleva debido a que el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta anunció que multará a los padres de los alumnos que participen de las protestas.

Tanto Larreta como la ministra de Educación, Soledad Acuña, ratificaron que presentarán acciones civiles con sanciones económicas para los tutores de los estudiantes involucrados. Les reclaman 1,5 millones de pesos (unos 10.213 dólares) por cada día de clases perdido.

«El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. Desde el Gobierno impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan», señaló Acuña en Twitter.

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La funcionaria dijo que los tutores «tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida», y añadió que esta protesta es «fogoneada por sectores políticos» opuestos a Juntos por el Cambio (macrismo).

En las últimas horas, las familias de los estudiantes que están en tomas de colegios recibieron notificaciones de la Policía de la Ciudad en sus domicilios, que dan cuenta de las denuncias presentadas por las autoridades. Frente a esto, los movimientos estudiantiles alertan sobre una «persecución política».

Multas «lamentables»

Tras la polémica decisión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó que las denuncias contra padres son «políticamente lamentables y jurídicamente inviables», y que solo «cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas».

«La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas», expuso la organización en Twitter.

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Además enumeró una serie de «medidas intimidatorias» que el Gobierno porteño aplicó contra alumnos de distintos colegios públicos a lo largo de la semana.

El protocolo que el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires aplica cuando los estudiantes toman un colegio ordena a las autoridades de cada establecimiento, entre otras acciones, identificar a las familias que no retiran a sus hijos de la protesta y fotografiar los daños que producen al «patrimonio escolar», para luego «elevar» esa información a la Procuración General.

A qué se debe el reclamo

El estudiantado está en un conflicto constante con la ministra Soledad Acuña, principalmente por el avance de las pasantías planteadas en la Secundaria del Futuro, la reforma educativa que implementó el gobierno porteño el año pasado, a pesar de la resistencia de muchos estudiantes que también decidieron tomar colegios. Esta propone un modelo de escuela «cada vez más inclusivo que se adapte a las innovaciones tecnológicas y a los nuevos formatos de los procesos de aprendizaje y enseñanza».

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Una de sus principales innovaciones es que abren pasantías en empresas privadas y estatales, y que los alumnos consideran que no aportan otra cosa que «trabajar gratis».

«No solo nos educan para la precariedad laboral, sino que también excluyen a las cooperativas, clubes y asociaciones civiles de vincularse laboralmente con les estudiantes», afirman desde la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB).

A esto se suman las condiciones edilicias de los colegios que «atentan contra la seguridad de las comunidades educativas», y las viandas que reciben los alumnos que realizan jornada completa, las cuales, según la CEB «llegan a cubrir 1/3 del estudiantado y vienen en malas condiciones».

 

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