Las posiciones rígidas reiteradas en debates de las tres causales dificultarán se apruebe código

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Las iglesias y los sectores que defienden los derechos de las mujeres han reiterado la rigidez de sus posiciones durante los últimos debates del proyecto de nuevo código penal, en particular el punto que ha frenado desde hace años la modernización de ese instrumento jurídico.

A sabiendas de lo intrincado que se ha tornado el caso, las partes en el Congreso Nacional no ceden para que del proyecto sea excluida esta parte en la cual no ha habido cabida para las posiciones intermedias.

Durante la semana pasada, los legisladores avanzaron de manera significativa con el consenso del 90 por ciento de los 400 artículos, restando la parte sobre la que es poco probable que se produzca acuerdo.

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, reiteró el rechazo de la iglesia a inclusión de las tres causales que permitirían el aborto en circunstancias específicas dentro del nuevo Código Penal, que actualmente se discute en el Senado.

“La postura de algunos senadores de incluir las tres causales en el Código Penal choca con principios fundamentales de nuestra identidad: la defensa de la vida desde la concepción, el respeto a la dignidad humana y los valores que consagra nuestra Constitución”, escribió el líder eclesiástico en su cuenta de X.

El prelado calificó la propuesta como una desviación moral y advirtió que “la justicia no puede construirse negando el derecho más básico: el de nacer”.

Las declaraciones del obispo se producen en un momento en que el Congreso reabre el debate sobre el controversial proyecto de ley, que ha permanecido estancado por años por la falta de consenso en torno a la despenalización del aborto.

De manera precisa, ese obstáculo se repite al ser planteadas las tres circunstancias específicas para suspender el nacimiento, cuando la vida de la madre está en peligro, si el embarazo es producto de una violación o incesto y/o el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

En el Senado, algunos legisladores conservadores se alinean con la Iglesia, entre estos Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega), quien ha declarado que la vida debe ser protegida “desde la concepción hasta la muerte natural”.

Además, reiteró su oposición a cualquier modificación “que abra la puerta al aborto en el país, porque la Constitución es clara en su artículo 37, donde se establece la inviolabilidad de la vida”.

En tanto, el ex vocero de la bancada senatorial del PLD, Yván Lorenzo, señaló que su partido está abierto al debate, pero que se requiere una postura coherente con la realidad social.

“Es hora de legislar para proteger a los más vulnerables, y eso incluye a las mujeres en situaciones extremas. No podemos seguir eludiendo el debate”, puntualizó.

A la par del debate legislativo, organizaciones de derechos humanos y grupos feministas han insistido en que la exclusión de las tres causales representa una forma de violencia institucional contra las mujeres.

La Coalición por la vida y los derechos de las mujeres entregó un nuevo documento al Congreso, en el que reitera su demanda de que las causales sean incluidas “como parte esencial de un Código Penal justo y moderno”.

En tanto, varias entidades sociales hicieron un llamado a los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a no aprobar el Código Penal sin la despenalización del aborto en las tres causales.

El proyecto de ley, que data de más de 20 años debatiéndose y aprobado en el Congreso, pero observado por el Ejecutivo y luego archivado en múltiples ocasiones debido a las divergencias en este y otros puntos sensibles.

Mientras tanto, la República Dominicana sigue siendo una de las naciones de América Latina donde el aborto está totalmente prohibido, incluso en casos de riesgo para la vida de la madre.