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Larga lista de escándalos de corrupción han seguido a cambios de gobiernos en cuatro décadas

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Cuando el presidente Joaquín Balaguer retornó al poder en 1966, como fruto de la intervención militar de los Estados Unidos, éste hubo de dejar hacer y pasar a los militares regulares contra los que les enfrentaron, en 1965, a los del bando constitucionalista.

Durante los 12 de mandato no sólo se habló de represión, sino también, de varios hechos de corrupción, señalamientos a los que el gobernante jamás prestó la más mínima atención.

Sólo una vez se refirió a la corrupción, señalando que si la había, se detenía en la puerta de su despacho.

Al salir Balaguer, sustituido por Antonio Guzmán Fernández, el líder reformista amañó los resultados finales de los comicios de 1978 para controlar el Senado, que entonces designaba los jueces, evitando que los señalados como corruptos ni siquiera fueran investigados.

Dos meses antes de terminar su mandato, el presidente Guzmán se suicidó, siendo sucedido por el vicepresidente Jacobo Majluta, quien entregó la banda presidencial al presidente electo y compañero de partido, Salvador Jorge Blanco.

Aunque ganas no les faltaron, al mismo presidente y sus principales funcionarios, ningún alto cargo del anterior gobierno fue llevado a los tribunales, pese a los rumores de actos no legales atribuidos a familiares próximos del mandatario.

Gobierno de Jorge Blanco

Del gobierno de Salvador en adelante, se han registrado acciones formales de persecución a los salientes gobernantes y sus principales colaboradores.

Con el retorno al poder del presidente Balaguer, éste fue implacable contra su antecesor Jorge Blanco, al que se acusó y condenó en el llamado “El juicio del siglo”, en el que fue condenado al pago de multas e indemnizaciones por más de 172 millones de pesos en favor del Estado.

Junto a éste fueron condenados por sustracción y delito Leonel Almonte, asesor presupuestal; el secretario de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez, y Juan Tomás Peña Valentín, suplidor de las FF.AA.

También se abrieron investigaciones contra José Michelén, director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional. Estos dos últimos huyeron del país para obviar los sometimientos.

Otros procesados fueron Rafael Flores Estrella, ex secretario administrativo de la Presidencia; Partenio Ortiz y Hugo Bueno Pascal ex director de CORDE y ex administrador de la CDA, respectivamente; el ex jefe de la policía, Juan José Rodríguez. Otros funcionarios lograron salir de la cárcel bajo libertad condicional.

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Retorno de Balaguer

En el gobierno de Balaguer estalló el escándalo del desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec. En el 1995, fue sometida a la justicia la directora de Aduanas, Anisia Rissi junto a otras 21 personas acusadas por desfalco.

En el caso de la Hidro-Quebec esta fue acusada de sobrevaluación del proyecto superior a los 25 millones de dólares y el retiro de 20 millones de dólares que el Gobierno había depositado como garantía en un banco de Nueva York, pero no hubo acusados ante la justicia.

Terminado el segundo y último mandato de Balaguer en 1996, siendo sustituido por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, quien, por una jugada política del líder reformista, para impedir el triunfo del nominado del PRD, José Francisco Peña Gómez, lo respaldo en la segunda vuelta que forzó contra el de su propio partido reformista, Jacinto Peynado.

Primer gobierno del PLD

Pese a ese esencial respaldo, también en el mandato de Fernández se movió la acción del Ministerio Público, en busca de esclarecer la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo), ocurrido el 26 de mayo de 1994.

Por este hecho fueron interrogados varios oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional, entre otros, el entonces Jefe de Estado Mejor de la Fuerza Aérea, Juan Bautista Rojas Tabar.

El fiscal del Distrito, Guillermo Moreno, intentó interrogar al ex presidente Balaguer, siendo despedido por el presidente Fernández. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a la República Dominicana a pagar 393 mil 200 dólares “por su negligencia en la investigación tras la desaparición del catedrático universitario Narciso González (Narcisazo)”.

Otro escándalo de corrupción que llegó a los tribunales fue el de la Lotería Nacional, proceso en el cual el entonces fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, instrumentó un expediente criminal contra los funcionarios de la entidad Augusto Antún Batlle (Tete), Agustín Pimentel Almánzar y Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe).

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Vuelve el PRD

Con el triunfo del PRD, el gobierno del presidente Hipólito Mejía abrió una investigación del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), que involucró a cuatro dirigentes del PLD y funcionarios en el primer gobierno encabezado por Leonel Fernández (1996-2000).

Fueron implicados Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, acusados de malversar más de RD$1,000 millones. El caso se extendió hasta que el PLD regresó al poder en 2004 donde y se diluyó.

Leonel otra vez

El Plan Renove fue el caso de corrupción más relevante para investigar por la administración de Fernández, en el que involucró un grupo de 14 funcionarios del gobierno del expresidente Mejía, los cuales fueron acusados por estafa contra el Estado.

Los involucrados fueron Antonio Marte, el fallecido Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) y Gervasio de la Rosa.

También Blas Peralta, Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William, Alfredo Pulinario y Ángel Rondón.

Los Tucano

En este segundo mandato sometieron a cuatro personas, entre ellos el coronel Carlos Piccini, luego de que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Estado de Estados Unidos suministraron a la Procuraduría pruebas que revelaron que altos directivos de la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A (Embraer) entregaron sumas de dinero a funcionarios de República Dominicana para agenciarse el contrato de la venta de ocho aviones.

También se imputó al exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa.

De igual manera a las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group, ambas señaladas por soborno y lavado de activo, tras admitir ante las autoridades de Estados Unidos y Brasil recibir sobornos pagados por Embraer.

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Los gobiernos de Medina

Aunque el presidente Medina, igual que sus predecesores, incluyeron mecanismos tendentes a evitar la comisión de “inconducta” de sus funcionarios, éste fue advertido en varias ocasiones acerca de hechos reñidos con la ley, nunca le dio importancia. Retaba a los que se atrevieron a preguntarle sobre su indiferencia a que se los señalaran.

En su mandato salió a relucir el Caso Odebrecht, que involucró a funcionarios y legisladores de los últimos tres gobiernos, encabezados por los presidentes Mejía, Fernández y el mismo Medina.

Aunque en primer periodo de Medina se ejecutaron la mayor cantidad de los contratos con Odebrecht, ningún funcionario de sus gobiernos ha sido imputado.

Este escándalo de corrupción involucra al menos 11 países de América Latina incluyendo a República Dominicana, donde figuraron en principio 14 políticos acusados por la Procuraduría de distintos delitos. Ya en el año pasado sólo quedan seis acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en el país.

Los inculpados finales son Tommy Galán, Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Ángel Rondón, este último señalado como el medio usado por Odebrecht para alegadamente repartir el soborno.

Llega Abinader

Al instalarse la actual administración del Estado, a cargo del presidente Luis Abinader, éste, cumpliendo promesas electorales, designó a la abogada Miriam Germán, Procuradora General de la República, bajo la especificación de que actuara conforme el mandato de la Constitución y las leyes.

La funcionaria, junto a sus colaboradores, elabora varios expedientes que involucran a ex funcionarios, empresarios y familiares cercanos del ex presidente Medina, dos de los cuales, fueron imputados, apresados, sometidos junto a otros nueve encartados.

En el entramado de corrupción contra el Estado, que involucra unos 4,800 millones de pesos, figuran Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, (Fonper); Wilfredo Lorenzo (Freddy) Hidalgo Núñez (Salud Pública) y Rafael Antonio Germosén Andújar (Contraluría);

Además, Aquiles Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

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