Del Editor/El Correo.do
Perspectiva. Desde casa, abrumados por la espiral de muertes del Covid-19, los dominicanos, como seres racionales, no deberíamos dejar de pensar en el drama conmovedor que viven nueve mil reclusos en la penitenciaria de La Victoria.
Intramuros, el saldo fatal arroja cuatro muertes en menos de 48 horas y más de una veintena de infectados de coronavirus.
Mientras tanto, las autoridades de la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Pública parecen atrapados en su propia perplejidad y en su fútil burocracia.
Dos semanas antes de que se dispusieran medidas oficiales para contener la pandemia, se advirtió al procurador Jean Alain Rodríguez que debía adoptar protocolos internacionales de derechos humanos para evitar que el virus entrara a las cárceles y se propagara con sus lúgubres secuelas.
Uno de esos protocolos preventivos lo ha dispuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se reconoce un decálogo de medidas que pudieron evitar la tragedia humanitaria que vive La Victoria y que el jueves dio origen a un motín del que aún no se conoce el saldo de víctimas.
No obstante, la Procuraduría General de la República fue tibia, por no decir fría, en la adopción de medidas anticipadas, y apenas del despacho del Procurador salió una gélida circular que dispone procesos de variación de prisión individuales para reclusos mayores de 60 años y enfermos.
La indicada ordenanza carece de procedimiento preciso para instrumentar un descongestionamiento efectivo del recinto penitenciario y deja fuera de la posibilidad de solicitar la variación de prisión a grupos vulnerables.
Ante un drama tan complejo, voces de la sociedad civil, como la Fundación Prensa y Derecho, y del propio Estado, como el Defensor del Pueblo, han estado poniendo una bandeja de opciones en manos del procurador, a las que ha hecho caso omiso.
Dentro de esos paliativos está aislar a los presos contagiados en inmuebles de la Comisión de Lavado de Activos que se habiliten prontamente para evitar que permanezcan en áreas de La Victoria.
Igualmente, que se coordine con la Defensoría Pública, el Defensor del Pueblo y la Pastoral Penitenciaria para instrumentar procesos colectivos de excarcelaciones provisionales.
A todo ello, el Procurador ha hecho caso omiso.
Obviamente, el encumbrado funcionario no entiende que un recluso es “pájaro mudo que no tiene alas” para volar y que su vida depende la responsabilidad de las autoridades.
Por esa razón, ante las muertes y los contagiados de La Victoria, el Procurador compromete su responsabilidad y la del Estado dominicano ante nuestro ordenamiento jurídico y el sistema interamericano de derechos humanos.
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