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La tensión entre derecho y poder

Por Hotoniel Bonilla

Colaboración/elCorreo.do 

PERSPECTIVA: Las funciones más tradiciones que tiene el derecho en la sociedad están comprendidas por el conjunto de reglas que se adoptan como resultado de procesos históricos y culturales que ocurren en diferentes contextos para responder a distintas exigencias. Algunas de ellas se remontan a épocas en las que no todas las funciones que actualmente desempeña en la sociedad moderna eran consideradas dentro de su ámbito de regulación.

En nuestros días, mediante ordenamientos claramente definidos, el Estado liberal democrático concede una gran importancia al acatamiento del procedimiento debido, pues lo considera una garantía para los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.

Adquiere mayor relevancia porque la lógica de la actuación en el ejercicio del poder es, por naturaleza, secreta, excluyente y reservada, lo que se contrapone a la lógica del procedimiento debido que es esencialmente público, abierto e incluyente. Ese antagonismo se encuentra en el núcleo mismo del Estado democrático de derecho.

Según Max Weber, uno de los más preclaros estudiosos de la sociología aplicada a la política y al derecho, el poder social distinto del mero empleo de la fuerza física se manifiesta en diversas formas. Destaca el “poder racional”, el cual “se apoya sobre la creencia en la legalidad de ordenamientos estatuidos, y del derecho de mando de aquellos que son llamados a ejercer el mando con base a tales ordenamientos”.

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Conforme a sus aseveraciones, el poder se funda sobre reglas, percibidas culturalmente como normas del derecho, las cuales se diferencian de otros patrones, como son las reglas religiosas.

El valor de las reglas al ejercicio del poder reside en asegurar la fiel adhesión a los procedimientos formalmente instituidos y al imperio de la ley, lo cual se valora por encima de todas las demás consideraciones. Es la única forma de que el derecho límite e impida los abusos de poder, por eso la Constitución configura y ordena el poder pero al mismo tiempo impone los límites del ejercicio del poder.

La tensión entre las normas, que componen los procedimientos debidos,  y el poder, es la misma que subyace bajo el fenómeno del escándalo mediático movido por agencias gubernamentales, en el que el rasgo decisivo no reside en el beneficio que pueda acarrear ni en el valor normativo de los fines perseguidos, sino más bien en la pretensión de incrementar el poder político a expensa de los procesos y los procedimientos ordenados.

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La producción de escándalos mediáticos, como son la revelación de transgresiones de naturaleza económica, sexual o de otro tipo, se dan en medio de esas tensiones, pues sirven como mecanismos para acumular poder político, aunque impliquen la manipulación de la narrativa presentada a la opinión pública, lo que se traduce en un abuso de poder perpetrado a expensas de los procedimientos debidos, con el único objetivo de la búsqueda o sostenimiento  en el poder.

Estos son algunos de los rasgos que con frecuencia presenciamos en la repetición de patrones en el ejercicio del poder. Explica la metamorfosis que sufren gobiernos y gobernantes que habiendo sido víctimas de persecución y atropellos mientras eran opositores, luego de ascender al poder incurren en prácticas similares, en ocasiones tan infames como  las que denunciaban.

En la región latinoamericana pueden citarse múltiples ejemplos de líderes políticos que se fraguaron en las luchas contra tiranos y autócratas, que alcanzaron el poder a través de procesos electorales, en algunos casos con inusitado respaldo popular, sin embargo, han recurrido a los mismos métodos que combatieron en el pasado.

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También ocurre con dirigentes y figuras públicas locales que antes denunciaron  o fueron víctimas de prácticas arbitrarias, violatorias del debido proceso y lesivas al interés general, pero  desde sus poltronas de poder recurren a ellas.

Así las cosas, las tensiones entre el derecho y el poder surgen en el mismo instante en que la lógica del procedimiento debido intenta superponerse a la lógica del afianzamiento, utilización y aplicación del criterio particular de quien ejerce el poder.

También, en el momento en que las reglas impuestas constitucional y legalmente, que implican tutelar las actuaciones del poder mediante un juego político abierto, accesible e incluyente;  sometido a los rigores de los plazos y límites de ese ejercicio, exasperan a quienes buscan la acumulación y prolongación en el ejercicio del poder.

La acumulación de esas tensiones genera un debilitamiento del Estado de derecho y la institucionalidad, además, erosiona la legitimidad de quienes ejercen el poder, con una estela de daño social y económico que  se traduce en revés político.

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