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La reforma al sistema judicial (3)

Por Hotoniel Bonilla

Colaboració/elCorreo.do

PERSPECTIVA: En las dos entregas anteriores, publicadas antes de conocerse la propuesta formal del Poder Ejecutivo sobre la modificación constitucional, planteamos una aproximación de las reformas requeridas para consolidar la independencia del Ministerio Público sin necesidad de cambiar la Carta Sustantiva.

Sugerimos reasignar ciertas funciones de la Procuraduría General de la República a otros entes, en concreto la administración del sistema penitenciario.

Luego de examinar los aspectos de la reforma presentada por el Presidente de la República, reafirmamos que los propósitos de cristalizar mayor independencia del Ministerio Público pueden lograrse a través de modificaciones a leyes adjetivas.

En lo que concierne a la independencia del Poder Judicial existe bastante consenso de que su autonomía está fielmente diseñada en la actual Carta Magna. Las sugerencias del Ejecutivo para imaginariamente mejorar esa independencia se inclinan al gobierno del Poder Judicial.

Vale decir, el principio de independencia e imparcialidad del juez  está vinculado a sus funciones jurisdiccionales, empero, la visión plasmada en la citada propuesta está encaminada a la rotación de las funciones gerenciales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y a la selección del Consejo del Poder Judicial.

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En relación a esto último, es dable mencionar que dicho órgano está integrado en su inmensa mayoría por jueces del sistema de carrera judicial, amén de que puedan adoptarse medidas concretas en leyes adjetivas para transparentar sus decisiones, en modo alguno justifica la reforma constitucional que apresura el Gobierno.

Ahora bien, algunos sectores insisten en la necesidad de modificar la Constitución para revisar los criterios utilizados para elegir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, lo que se extiende al resto de los integrantes de las altas cortes.

Critican el rediseño del CNM concretado en la reforma constitucional de 2010, especialmente por la incorporación del Procurador General de la República. Asimismo, arguyen que dos de los representantes del Poder Legislativo responden a los designios del Ejecutivo,  asegurándole al Presidente de la República una influencia indebida en la selección de los magistrados.

En efecto, el Gobierno propone sacar al titular del Ministerio Público de dicho organismo, lo cual es incongruente con el discurso de despolitización de las altas cortes. El grueso de los dirigentes políticos que conforman el CNM, cinco en total, proviene del Congreso Nacional, que tiene cuatro integrantes y el  Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República.

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En caso de prosperar la idea de excluir al Procurador, el sistema judicial se quedaría con los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia.

Así las cosas, la alegada desnaturalización del CNM por la figura del Procurador General de la República es impropia. La institución del Ministerio Público guarda estrecha afinidad con las funciones de ese organismo, por lo es inconcebible reformar la Constitución para expulsarlo.

Ahora bien, lo procedente es modificar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para variar, entre otras cosas, el quórum y la formación de mayorías necesarias para adoptar las decisiones a lo interno del CNM.

En efecto, la Ley núm. 138-11 reglamenta la validez de las decisiones del citado organismo en la forma siguiente: “Artículo 12.- Adopción de decisiones. Las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura serán válidas con el voto favorable de por lo menos cinco de sus miembros presentes en la reunión. En caso de empate, decidirá el voto calificado del Presidente”.

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Así, para alcanzar mayor consenso y legitimidad de los dictámenes del CNM es menester que sus decisiones requieran el voto favorable de un número cualificado de las dos terceras partes de sus integrantes o en afinidad con el criterio de validez de las decisiones del Tribunal Constitucional.

Precisamente, sobre la intención de variar los requisitos para la votación de las sentencias del TC nos referiremos en otra oportunidad.

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