El Ministerio Público embiste otra vez estamentos judiciales; ahora recusa jueza del caso semáforos

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El Ministerio Público ha vuelto a abrir una polémica mediática con estamentos del Poder Judicial, esta vez mediante la recusación de la jueza que tiene a su cargo el expediente sobre el presunto fraude con la dotación del sistema semafórico del país.

En efecto, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, “por exhibir una conducta parcial en la etapa preparatoria del proceso seguido contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el empresario José Gómez”.

Beras y Gómez son los principales implicados en el expediente basado en una presunta red de corrupción que defraudó al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar explicó que la recusación se fundamenta en la “parcialidad manifiesta” de la magistrada Padilla, quien ha emitido decisiones que favorecen de forma injustificada a los imputados, comprometiendo la integridad de la investigación.

Entre los actos cuestionados, el Ministerio Público citó la autorización de viajes al extranjero de Gómez, incluyendo destinos como Estados Unidos y Panamá, pese a tener un impedimento de salida del país y tratarse de lugares directamente vinculados a la investigación en curso.

Asimismo, señala que la jueza ordenó la devolución de armas de fuego a Gómez, quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S, registradas a nombre de terceros, levantado medidas de inmovilización de cuentas bancarias y oposición a la transferencia de bienes, a pesar de tratarse de una investigación financiera por delitos de lavado de activos.

El órgano persecutor advirtió que estas decisiones contradicen precedentes de la propia judicatura, en los que, bajo condiciones similares, no se otorgaron dichos privilegios.

Denunció también, “una grave violación al principio de separación de funciones”, señalando que la jueza había intentado limitar el alcance de la investigación del Ministerio Público al afirmar que los acusados no están siendo investigados por lavado de activos, cuando esa imputación forma parte del proceso desde sus inicios.

“Confiamos en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ponderará de manera objetiva los argumentos expuestos por el Ministerio Público”, expresó el fiscal Pérez Fulcar.

En el caso están siendo procesados, además de Beras y Gómez; Frank Díaz Warden, coordinador de despacho del Intrant y Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología.

También, Pedro Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero y Carlos Peguero Vargas.

Se recuerda, que durante la operación contra la citada estructura criminal, el Ministerio Público, con el apoyo de más de 170 agentes policiales y 30 fiscales especializados.

En la acción fueron realizados allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, en los que se dijo se ocuparon cientos de evidencias que sostienen las acusaciones de corrupción administrativa.

Por igual, estafa, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad y lavado de activos.