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La PGR estudia otra querella contra vinculados al entorno del expresidente Danilo Medina

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Una nueva querella contra personajes del entorno íntimo del expresidente Danilo Medina fue depositada por ante el Ministerio Público, incrementando las diligencias procesales que aparentemente tendrán a miembros de ese sector político en viajes constantes a los predios judiciales.

La organización cívica “Sed de Justicia” depositó en la Procuraduría General de la República una querella contra Maxi Montilla Sierra, cuñado del expresidente Medina, y Julio César Correa, ex gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), a los que responsabiliza de alegadamente asociarse de forma “mafiosa” para “obtener ventajas económicas para sí y sus relacionados.

El expediente entregado a la Procuradora General Miriam Germán Brito, precisa que Montilla Sierra y Correa cometían esas acciones a través de “testaferros, compañías de carpeta, manipulación de licitaciones para dar ventajas a sus relacionados, con adjudicación de contratos fraudulentos”.

Según sus cálculos, los señalados lograron acumular ganancias de al menos RD$6,000 millones.

Montilla Sierra, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina, y Correa fueron acusados penalmente junto a otros exfuncionarios de Edenorte, de supuestamente haber cometido diversos delitos de “corrupción administrativa, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y asociación de malhechores”.

La entidad acusadora identificó a los otros que imputa como Alejandro Toribio, gerente de Compras; Luis Mieses, presidente del Comité de Compras; Edwin Kenichi Mukai, director de Distribución; Ranery Collado, encargada de Control de Calidad; Joel Molina Reyes, director de Pérdidas, y el técnico de compras Benjamín Marte.

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En la denuncia-querella hecha por Sed de Justicia se especifica que también podría agregar otras personas “que pudieran ver comprometida su responsabilidad penal en los hechos que se presentan por haber violado el artículo 146 de la Constitución”.

Precisa que ese mandato constitucional proscribe la corrupción en los organismos del Estado y sus dependencias autónomas o descentralizadas, la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Montilla Sierra

En el caso de Montilla Sierra, la acusación sostiene que “se valió de su condición de cuñado del entonces presidente Medina y hermano de la ex primera Montilla de Medina “para hacerse de 48 contratos de suministro de materiales eléctricos y proyectos de rehabilitación de redes, usando como pantalla varias empresas inexistentes al 16 de agosto de 2012”.

Agrega que tiene “testimonios de empleados de alto nivel de Edenorte, de que Montilla proclamó (el mismo día de iniciarse el primer mandato de Medina), que se haría rico en el Gobierno de su cuñado, convirtiendo esto en realidad por la cantidad de patrimonio acumulado”.

Entre los bienes que atribuye propiedad a Montilla enumera villas en diferentes polos turísticos, apartamentos residenciales, edificios comerciales, yates, naves industriales, helicóptero, automóviles de lujo “y otros bienes adquiridos fruto de sus actividades ilegales en varias entidades del Gobierno”.

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Los dos períodos

Refiere que de 2012 al 16 de agosto 2020 Montilla fue uno de los principales proveedores de todo tipo de bienes y servicios del Gobierno, “en franca violación a la ley 340-06 que prohíbe en su artículo 14 que los familiares de primer grado de consanguinidad de los funcionarios públicos funjan como proveedores del Estado”.

Precisa que estructuró la acusación partiendo del supuesto de que los hechos “eran de pleno conocimiento del expresidente Medina y de la primera dama de entonces, su hermana, Cándida Montilla”.

Correa

Respecto al caso de Correa como principal ejecutivo de Edenorte, alegadamente junto a Montilla y las otras personas coacusadas, se valían de empresas identificadas como Transformadores Solomon, Electrocable Aluconsa, Neology y Telecsa.

“Una vez los ojos de diversos sectores se pusieron sobre Edenorte, por las reiteradas denuncias de favoritismos y sus procesos de compra amañados, para hacerse con las órdenes de compra cubiertas bajo el manto de supuestas licitaciones competitivas, el señor Correa convino con el señor Montilla incluir en cada pliego de condiciones una cláusula de entrega inmediata de los materiales requeridos, basándose en una supuesta urgencia de las áreas de la empresa, que les duró ocho años”, agrega.

Resalta que de esa forma lograron “que solo las empresas usadas como fachada del entramado mafioso supuestamente eran las que calificaban por “tener” en stock los insumos requeridos”.

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“Es así como se alzaron con órdenes por millones de metros de diferentes tipos de cables, cuyo almacenamiento hubiera requerido el uso de cientos de naves”, insiste.

RD$116 mil millones

Sed de Justicia también hace referencia a lo dicho por Andrés Cueto Rosario, al ser juramentado como nuevo administrador de Edenorte, en el sentido de que su “primera meta era encarar un déficit económico de 116 mil millones de pesos dejado por las autoridades salientes”.

“Vamos a revisar los contratos, minimizar las pérdidas, aumentar las cobranzas, bajar los costos operativos y mejorar la calidad del servicio”, prometió el nuevo funcionario.

Sed de Justicia

“Sed de Justicia” es la organización que a finales de agosto último depositó en la Procuraduría General de la República una querella contra Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, ex ministros de Obras Públicas, por supuesto manejo irregular de más de 19 mil millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico.

La querella fue depositada por el empresario financista Franc Rosario y el abogado Luis Aybar, los que acusaron a los exfuncionarios de violar varios artículos del Código Penal que contemplan y sancionan la prevaricación.

Conforme la acusación, Castillo y Pepín cometieron malversación de fondos públicos, peculado y otras infracciones de tipo penal en el período abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.

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