Perspectiva

La omisión constitucional

Por Namphi Rodríguez

Colaboración/elCorreo.do

PERSPECTIVA: En este país existe un “estado de omisión constitucional” por falta de reformas legales que permitan consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho y compatibilizar el ordenamiento jurídico con la Constitución.

Hace ya varios años, al participar en un panel en el Tercer Congreso del Tribunal Constitucional sobre Derecho y Justicia Constitucional subrayamos que el caso más latente es el proyecto de Código Penal, que alcanza casi 20 años de discusión en las cámaras legislativas, mientras la sociedad reclama mayor seguridad.

Parecería una cuestión intencional de los poderes públicos que buscan eludir temas controversiales como el derecho al aborto o el agravamiento de la “carga penal”, pero es un error porque mientras se asume una actitud pasiva frente a la violencia, la delincuencia se entroniza por la falta una política criminal propiciada por un estado de omisión constitucional.

A ese fenómeno se agrega el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional por instituciones estatales, un precedente nefasto que recuerda tiempos institucionalmente brumosos.

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Es preocupante ver como se desoyen las sentencias del TC, lo cual representa un serio cuestionamiento a la institucionalidad.

Ha sido el notable jurista italiano Luigi Ferrajoli quien ha insistido en que un derecho sin garantías es una especie de desiderátum para los ciudadanos.

El artículo 184 de la Constitución establece que las sentencias del TC constituyen precedentes vinculantes y obligatorios para los poderes públicos.

En tal sentido, el TC no sólo emite sentencias desestimatorias o estimatorias, sino que también asume el rol de legislador positivo a través de las denominadas sentencias interpretativas, muchas de las cuales exhortan al Congreso a legislar para hacer cumplir la Constitución.

En el país existe una omisión de unas cien de leyes pendientes de reformas y otras por crear para compatibilizar los mandatos de la Constitución en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Entre esas normas se citan además de la legislación penal, los códigos Civil, de Comercio, Procesal Civil, así como la ley que debe crear la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para integrar los jueces de primer grado y de cortes de apelación como manda la Constitución.

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Asimismo, la reforma de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento y una que proteja los derechos a la intimidad y la privacidad de las personas.

También hay que votar una ley sobre los procedimientos de referendos aprobatorios y consultivos que consagra la Constitución.

Saludamos la iniciativa del Poder Ejecutivo de designar comisiones de juristas para emprender el camino de las reformas legales, tras ocho años de ostracismo del tema de las reformas institucionales.

namphirodriguez@gmail.com

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