Panorama

La sombra del asfalto irregular persigue a Gonzalo Castillo pese a maniobra de Lidio Cadet para ocultar corrupción

Redacción/ElCorreo.do

SANTO DOMINGO: La asignación irregular y privilegiada de 11,500 millones de pesos en hormigón asfáltico caliente a empresas privilegiadas persigue a Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y derrotado candidato del partido oficialista, a pesar de las maniobras de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que preside Lidio Cadet, de descartar la posible comisión de anomalías o corrupción o ventajismo.

La propia Dirección General de Contrataciones Públicas había advertido sobre la irregularidad de la operación que en su momento se percibió como el interés de Castillo de ganar espacio político en la lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana, ya que ese asfalto supuestamente se utilizó para atraerse a los alcaldes pertenecientes a esa organización, además de ser una operación altamente rentable para los agraciados.

Cadet divulgó su decisión mediante una carta dirigida al abogado y político Vinicio Castillo, en respuesta a la solicitud este le hiciera para que investigara las irregularidades presentadas por la periodista Alicia Ortega, sobre la cual el funcionario afirma que “no se pudo comprobar que haya vinculación entre las empresas contratadas y Gonzalo Castillo”.

El caso fue revelado por Ortega el 19 de noviembre del 2019, a través de su programa “El Informe con Alicia Ortega”, cuando denunció la contratación millonaria de hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros durante seis meses antes de las elecciones primarias del PLD del mes de octubre de ese mismo año, en las que se declaró vencedor a Castillo sobre el expresidente Leonel Fernández.

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En el reportaje, la periodista Ortega mostró documentos que, a su juicio, evidenciaban que esas compras pre-aprobadas, en beneficio de 40 empresas, fueron realizadas por Obras Públicas de manera irregular bajo la modalidad de “exclusividad”, aprovechando el Estado de Excepción decretado por el Poder Ejecutivo a raíz de la llegada al país del covid-19, violentando Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La citada legislación establece esa excepción sólo se aplica cuando hay muy pocos suplidores de bienes y servicios, a quienes la institución contratante debe tratar con igualdad, pero en este caso hay más de 45 empresas en el país que suplen hormigón asfáltico caliente, lo que evidencia que es irregular hacer contratos de excepción por “exclusividad” de este material.

A raíz del escándalo provocado por la denuncia de Ortega, la respuesta de Castillo no pudo ser más genial: ponerse a disposición de sus parciales para que uno de sus iguales, en este caso Lidio Cadet, le investigara, obviando el camino apropiado que la Procuraduría General de la República dada su condición de ministro.

La conclusión de la supuesta “investigación” de Lidio Cadet, miembro igual que Castillo del Comité Político del Partido de la Libración Dominicana, no pudo ser más fulminante: “no hay vínculos” entre las empresas contratadas por el entonces ministro, seis meses antes de las elecciones primarias del PLD y posteriormente candidato a la presidencia de la República por esa organización y derrotado en los comicios del 5 de julio.

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Lo que dijo Alicia Ortega

En opinión de la periodista denunciante, Cadet respondió lo que quiso, no lo que se cuestionó, subrayando que el reportaje no mencionó ni estableció vínculos entre las empresas “ganadoras” en las supuestas licitaciones, sino que la forma poco transparente, al margen de la ley de compras, en que se hicieron las adjudicaciones a “compañías” que luego aportaron sumas millonarias a su proyecto político.

“La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental investigó lo que Gonzalo Castillo quería que se investigara”, respondió la periodista, añadiendo que “la minuciosa investigación que realizamos durante dos meses y presentamos en noviembre del año pasado tuvo como eje los mecanismos que utilizó el Ministerio de Obras Públicas para escoger a las empresas beneficiadas”.

En su respuesta a Cadet, la investigadora no escondió su inconformidad y frustración con el veredicto, destacando: “Quedará en manos de las próximas autoridades una investigación más transparente, profesional y sobre todo revestida de ética”.

Ortega reiteró que su investigación, realizada de la mano de abogados, expertos en compras y contrataciones, dejó claro que ese tipo de compras era imposible realizarlas por excepción, utilizando el renglón de exclusividad, porque la ley indica que solo se aplica si hay un número limitado de oferentes y, en este caso, encontramos por lo menos 45 empresas que suplían el producto.

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Asimismo, expresa que Dirección de Ética dice que no se pudo comprobar que haya vinculación entre las empresas contratadas y Gonzalo Castillo, aclarando que “eso nunca fue afirmado por El Informe, de manera que no lo asumimos como un desmentido”.

En ese orden, manifestó que El Informe tampoco se refirió a una supuesta distracción de 11 mil 500 millones de pesos en beneficio de la campaña electoral de ex ministro de Obras Públicas, enfoque que entiende no le concierne como responsable de la pieza periodística presentada y lamentó que el organismo gubernamental solo tocó dos de los siete puntos abordados en la investigación periodística.

Añadió que “somos de consideración que es competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas determinar si los mismos fueron llevados según lo que establecen las normativas en la materia, añadiendo que no ha recibido la resolución solicitada a Compras y Contrataciones sobre los procesos denunciados, por tanto, corresponde dejar ese punto para que el órgano rector decida sobre el mismo”.

Insistió en que la gran interrogante sigue siendo cómo Obras Públicas concedió en exclusividad 11 mil 500 millones de pesos en la compra de hormigón meses antes de una contienda electoral, al margen de la ley, que establece con claridad que esos procesos tienen que ser licitados de manera transparente.

El Informe

 

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