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Juárez Castillo advierte a OEA: en la RD el sabotaje a elecciones está penado con 30 años de prisión

Redacción/El Correo.do

El abogado penalista Juárez Víctor Castillo advirtió que la investigación que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a las suspendidas elecciones municipales del pasado día 15 de febrero debe implicar la comisión de un “gravísimo crimen” sancionado por la Ley Crímenes y Delitos de Alta Tecnología con penas de hasta 30 años de prisión.

Castillo indicó que la referida Ley 53-07 establece, complementariamente, multa de 300 a 2000 salarios mínimos para quienes incurran en delitos de alta tecnología que causen graves perjuicios al orden público y a la Nación.

Manifestó que la suspensión de las elecciones municipales de febrero viola el derecho fundamental de todos los dominicanos a elegir y ser elegibles.

Las consideraciones las emitió Castillo a través de su cuenta de Twitter en la que dio a conocer textualmente el artículo 27 de la ley 53-07.

Citó que el referido artículo establece que “los actos que se realicen a través de un sistema informático, electrónico, telemático o de telecomunicaciones, que atenten contra los intereses fundamentales y seguridad de la Nación, tales como el sabotaje, el espionaje o el suministro de informaciones, serán castigados con penas de quince a treinta años de reclusión y multa de trescientas a dos mil veces el salario mínimo”.

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“Las elecciones municipales del pasado día 15 de febrero fueron suspendidas por la Junta Central Electoral (JCE) en medio de las votaciones, y hasta el momento la población dominicana desconoce una versión oficial concreta y objetiva de esa situación violatoria del derecho fundamental de elegir y ser elegido”, dijo Juárez Castillo.

El Jurista, delegado político de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) ante la JCE, se refirió a la experiencia electoral de Bolivia, cuyos comicios fueron analizados por la OEA, inculpando al presidente Evo Morales en acciones delictuosas, lo cual llevó a su exilio político y al sometimiento a la justicia de las autoridades electorales del país sudamericano.

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