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Juan Bolívar Díaz recomienda “destrabar” aprobación Código Penal con despenalización aborto en tres causales y que sólo se interrumpa antes de 12 semanas

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, recomendó este lunes que todos los actores que intervienen en la legislación asuman un compromiso para “destrabar” la discusión sobre el aborto, despenalizarlo en las tres causales, que sólo se permita antes de las 12 semanas y hacer constar el asunto en el Código Penal como fruto de un acuerdo nacional.

En un comunicado público, Díaz propuso entre varios puntos, que se despenalicen solo las tres causales y que nada más se interrumpa el embarazo antes de 12 semanas

El veterano periodista y diplomático explicó las razones por la que hace las recomendaciones, aclarando que hablaba en su condición de ciudadano preocupado por un entendimiento conveniente para el país.

“La propuesta está motivada en la necesidad de que el liderazgo nacional ofrezca una demostración de capacidad de concertación y transacción, en un asunto que a fin de cuentas no conlleva ninguna obligación, ni imposición o contribución para persona alguna, y que se ha establecido en más del 90 por ciento de las naciones», argumentó.

“La concertación sobre las tres causales, o excepciones para permitir la interrupción de un embarazo, es también pertinente para superar la división que sobre el particular afecta a los legisladores, al gobierno, a la opinión pública y hasta a las mismas iglesias que proclaman a rajatablas la sanción del aborto en todas las circunstancias, aunque muchos militantes y creyentes las aceptan, al igual que varias concepciones religiosas”, puntualizó.

Estimó que el primero y segundo compromiso que debe hacer el gobierno y los legisladores es no favorezcan la extensión de la despenalización bajo otras circunstancias y que el embarazo solo se pueda interrumpir antes de doce semanas de la concepción.

Indicó como tercer compromiso que en cada hospital y clínica funcione un comité de tres médicos, o de bioética, encabezados por el director del centro, que determine la procedencia de la interrupción del embarazo «en el tiempo y la autorice cuando se compruebe clínicamente que corra peligro la vida de la madre o que el ser en gestación sea inviable».

Así como, cuando haya constancia legal de que el embarazo, fruto de violación o incesto, haya sido previamente denunciado ante la autoridad correspondiente, añade este tercer compromiso.

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El último compromiso que el embajador recomendó es que en cada centro de salud se cuelgue un cartel donde conste el principio del valor de la vida humana desde la concepción.

Es sabido de todos que el Gobierno está obligado, legal y operacionalmente, a promover un pacto fiscal que contenga el camino a la insostenibilidad financiera en que se encuentra el país desde hace varios años, agravado por los enormes gastos que ha conllevado la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias económico-sociales.

El presidente Luis Abinader acaba de anunciar la convocatoria a buscar consenso para ese pacto fiscal y para otras reformas, inclusive constitucionales, que requiere la nación.

Si no podemos lograr acuerdo en algo que no impone nada a nadie, hay razones para temer que mucho menos lo alcanzaremos en materias que como la fiscal que deberá conllevar significativos sacrificios para la ciudadanía, y especialmente para los sectores de mayores recursos y por ello de gran incidencia en el debate nacional. Como también implicará limitaciones del gasto, de consecuencias políticas para los gobernantes.

La concertación sobre las tres causales, o excepciones para permitir la interrupción de un embarazo, es también pertinente para superar la división que sobre el particular afecta a los legisladores, al gobierno, a la opinión pública y hasta a las mismas iglesias que proclaman a rajatablas la sanción del aborto en todas las circunstancias, aunque muchos militantes y creyentes las aceptan, al igual que varias concepciones religiosas.

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