Jefe militar de Danilo Medina tiene tres frentes que le señalan supuesta corrupción y tráfico de influencias
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La denuncia depositada recientemente por el dirigente político Guido Gómez Mazara por ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa contra el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad militar del expresidente Danilo Medina, podría ser avalada por el actual ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa.
El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo basa su denuncia-querella en una serie de documentos respecto a supuestas operaciones financieras de las compañías Único Real Estate (UES), SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra, registradas bajo la titularidad de la señora Maybelli Guzmán Sánchez y el alto jerarca militar.
De su lado, Díaz Morfa reveló recientemente haber puesto fin a la práctica de que parte del presupuesto de las instituciones castrenses fuera a parar “a los bolsillos de funcionarios militares del Palacio Nacional”.
“Dependencia del Ministerio de Defensa como las Escuelas Vocacionales, los Talleres Tecnológicos, los Cuerpos Especializados, el Instituto de Seguridad Social de los militares; Dirección de Inteligencia (J-2) y otras, tenían que permitir que parte de sus asignaciones presupuestarias fueran controladas de manera discrecional por el más alto oficial al dado del saliente presidente Medina”, precisó el líder castrense.
Para Gómez Mazara, la práctica ha sido dejar en la jurisdicción de la clase política los procesos de persecución de la corrupción, excluyendo un segmento del sector militar y policial que, “en el marco del proceso de descomposición institucional, exhiben niveles de acumulación oprobiosa, regularmente apadrinado por sus jefes políticos”.
Para el dirigente perremeista, existe “un sentido de complicidad histórica respecto del patrimonio de jerarcas militares que en todos los gobiernos, al cesar en sus funciones, su crecimiento financiero no se corresponde con los ingresos formales conseguidos por su condición de empleado público”.
La Constitución
Gómez recurrió en sus planteamientos a lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su numeral 3, que establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la ley de declaración jurada de los funcionarios públicos”.
De manera precisa, el recordó que corresponde a quienes son señalados probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones a requerimiento de la autoridad competente,
“En lo concerniente al mayor general Cáceres Silvestre, los salarios obtenidos en los últimos 8 años no alcanzan para las inversiones realizadas por la empresa que aparece formalmente de propietaria de inmuebles, “irónicamente” ocupados por el alto militar”, indicó Gómez.
Expresó que su pedimento al Ministerio Público el único propósito es que se investigue su denuncia “y si en el caso apoderado se demuestra que todo se hizo transparentemente será el primero en reconocerlo de manera pública”.
Insaciable
Conforme opinan colegas militares y ciudadanos que afirman conocerlo, “parte importante de la fortuna del general Cáceres Silvestre proviene de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, principalmente”.
De igual forma se le atribuye por igual el poder de decidir las designaciones en la Policía Nacional, el DNI, la DNCD, los cuerpos especializados del Ministerio de Defensa, así como en el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada.
Todos estos también controlaban a través de sus designados, dos de los tres organismos de inteligencia de la Fuerzas Armadas, como también varias direcciones de la Policía Nacional, según pudieron confirmar periodistas de acento en fuentes militares.
