Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El anteproyecto de ley que creara el Código de Agua lleva 16 años estancado en el Congreso Nacional debido al marcado interés de empresarios vinculados al negocio del agua de privatizar su producción y distribución, lo que rechazan organizaciones defensoras de los consumidores.
El geólogo Osiris de León, conocedor del tema, explicó que “ese proyecto tiene problemas, tiene dificultades, porque a partir del artículo 45 abre todas las ventanas de la privatización, porque te dice que el Estado podrá conceder el usufructo del agua a personas, empresas o interesados”.
El experto recordó que una concesión es una figura jurídica que le da al que la adquiera un derecho exclusivo para el usufructo de un determinado recurso, en este caso el manejo del agua, pero que el problema radica en que los ríos son propiedad de Estado, por lo que no pueden se pueden ceder a particulares para su explotación
Con esa figura jurídica de la concesión, -subrayó De León- se abriría una ventana a la privatización del agua, en el entendido de que por ejemplo, alguien que tenga finca en Jarabacoa, le pueden dar un permiso de explotación en el río Yaque del Norte, como si fuera de su propiedad.
“Entonces esa persona a la que se le da ese derecho, construye un dique o una represa, capta agua y entonces el que quiera agua, tendrá que comprársela al precio que considere”, apuntó.
Estimó que eso tendría un impacto catastrófico porque se les estaría violando un derecho fundamental a las personas, además de que se daría el derecho a individuos o empresas a vender el agua potable al precio que mejor le parezca.
Proyecto estancado
El anteproyecto elaborado por el Poder Ejecutivo fue remitido al Congreso el 20 de marzo de 2001, con el objetivo de establecer un régimen que facilitaría la reforma del sector, con la creación de un marco legal y disposiciones dirigidas a regular la participación del empresariado privado en las diversas modalidades de prestación del servicio.
Luego de tres años de estudios por las comisiones de ambas cámaras relacionados con el tema de medio ambiente y recursos naturales, el proyecto concluido y sancionado fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Fue así como en fecha 18 de abril del 2004 el entonces director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Julio Suero Marranzini se opuso a la promulgación de la ley, alertando que contenía algunas cláusulas con intensiones de privatizar la producción de agua potable.
Además de mostrar su oposición, Suero Marranzini le solicitó al entonces al presidente Hipólito Mejía que no promulgara el proyecto de Ley para la Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento, conocido como el Código de Agua.
En esa oportunidad, Suero Marranzini consideró que el proyecto había sido desnaturalizado en sus propósitos esenciales, por lo que exhortó al Poder Ejecutivo a observarlo, en beneficio de los intereses del sector y el país.
Aunque no precisó los puntos que a su entender se modificó la iniciativa, el funcionario sostuvo que la misma fue sometida a unos cambios por la comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ecológicos del Senado, que dio el visto bueno para convertirla en ley, obviando el interés nacional.
Hay que cobrar el agua
Si bien se opone radicalmente a la privatización de la producción del agua potable, Osiris de León es partidario de que se les cobre a los consumidores por su uso, porque a su juicio, las cosas gratis no se valoran y hay que buscar una vía para evitar el desperdicio.
Contó que desde hace tiempo viene planteando al gobierno que en lugar de regalarle 510 galones diario de agua al día a la gente, que mejor le regale 150 litros que es lo que realmente necesita y que de ahí en adelante, le cobre por factura el consumo extra.
Ese procedimiento se haría, según explicó el geólogo, de manera contractual, colocando un contador a las residencias para que cada quien controle su consumo o pague el excedente que sobrepase los 150 litros de agua, a razón de 100 pesos por cada metro cúbico que use más allá de lo acordado.
El geólogo recuerda que producir agua potable tiene un costo y que el Estado paga tres veces el precio que le cobra a la ciudadanía, que la bota y la desperdicia, y que eso no es un negocio rentable, por lo que procede eficientizar su uso.
Sobre este particular, consideró que «eso no tiene lógica, cuando un negocio deja pérdidas, mientras tu más estás vendiendo, tienes más pérdida y ese parte del problema de las pérdidas de agua».
Situó el consumo de agua del Gran Santo Domingo en unos 420 millones de galones de agua al día y que si las personas evitaran las pérdidas y desperdicio del líquido, la demanda se supliría con tan solo 200 millones de galones por día.
En su opinión, si el Estado cobra el consumo de agua, eso no es privatización del servicio, que es cuando se lo da a una entidad privada que no tiene ningún vínculo con el Estado, el manejo, producción y comercialización del líquido.
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