Colaboración/elCorreo.do
PERSPECTIVA: La composición predominantemente empresarial de la actual gestión de gobierno acusa una marcada desconexión con importantes segmentos sociales que en gran medida dependen de las políticas oficiales para mejorar sus ingresos y atender las necesidades más básicas, así como de aquellos que son receptores directos de las políticas sociales implementadas desde el Estado.
Así, la visión oficialista está enfocada a la creación de más oportunidades para los sectores de mayores ingresos. Las alianzas público-privadas y los fideicomisos constituyen el sello distintivo de esta administración; hasta para la Policía Nacional hay un fideicomiso. Esta acicalada visión, que no encierra en sí misma una acción censurable, resulta incongruente con el momento socioeconómico en que le ha tocado gobernar al actual mandatario.
La crisis sanitaria y las secuelas abonadas por esta, requerían otra visión que evitase la agudización de los males sociales generadores de la delincuencia común y callejera. Resultaba imperativo apuntalar los mecanismos otorgados al Poder Ejecutivo derivados de la aplicación efectiva del Estado Social y Democrático de Derecho asentado en la Constitución.
Pero, el gobierno ha abandonado su función esencial, que es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y promover la obtención de los medios que le permitan desarrollarse en forma igualitaria dentro de un marco de libertad y justicia social. Partiendo, de que el impulso de oportunidades como mecanismo de crecimiento individual está enfocado a desarraigar las desigualdades.
Precisamente, algunas de las causas de la delincuencia están estrechamente vinculadas, entre otros motivos, a factores socioeconómicos relacionados con la falta de oportunidades, la exclusión y la marginalidad. Valer decir, la pandemia y sus efectos sobre la economía, han ido incrementando las condiciones que gravitan en los factores que inciden en el auge de la delincuencia común. Empero, las élites económicas, sobre todo la nueva generación, rara vez comprenden que la inseguridad ciudadana se nutre de los componentes sociales.
Cabe señalar, la criminalidad organizada, en especial el trasiego y consumo de estupefacientes, que constituyen un elemento determinante en el incremento de la violencia y la delincuencia, amerita un enfoque diferenciado.
Ahora bien, con el ascenso al poder de la actual administración surgió un improvisado e incongruente enfoque de las políticas sociales. Ha prevalecido una visión claramente disociada sobre la comprensión del encadenamiento positivo resultante de la aplicación de planes sociales como mecanismo de mitigación de los factores que inciden en la delincuencia callejera.
En estos dos años de gobierno ha estado ausente la adopción de iniciativas y políticas públicas relacionadas al diseño de una estrategia integral para abordar los nuevos desafíos socioeconómicos pospandemia. Los altos niveles de desempleo agudizaron la pobreza, la marginalidad y la desigualdad, combinados con una elevada inflación que encarece los productos de consumo masivo, coincide con la importación de productos terminados que afectan la producción nacional. Además, el incremento de los costos de servicios como el energético con prolongadas interrupciones en el fluido eléctrico.
Así, la crisis socioeconómica en curso está incrementando en forma consistente los actuales niveles de delincuencia. La alarmante tasa de desigualdad contrasta con la firme concentración de riquezas cada vez más limitado a pequeños círculos de élites económicas decididas a mantener y elevar el statu quo, con un control creciente de la riqueza nacional y de los estamentos fundamentales del país, alimentados por mecanismos subterráneos que se combinan entre lo público-privado y los fideicomisos.
El plan de seguridad ciudadana que hace un tiempo anunció el Poder Ejecutivo está a la deriva. Tampoco estaba orientado hacia los nuevos factores ya referidos, pues carece de programas destinados a los segmentos sociales más proclives al delito común, que permita combinar otros elementos que resultan fundamentales para la prevención de la delincuencia.
Desde el principio, resultaba ineludible promover medios de subsistencia, oportunidades de trabajo y recreación a los jóvenes más desfavorecidos. Focalizar la atención oficial y la prevención policial a los sectores con mayor concentración de personas para evitar que la aglomeración por vagancia y conflictividad social motorizaran la delincuencia común, especialmente juvenil.
Actualmente, se requiere llevar un registro separado de los delincuentes primarios de delitos menores para su control oportuno, que impida arrastrarlos al círculo vicioso generado por la puerta giratoria del aparato de justicia penal. Pero las élites son ajenas a dicho sistema.
Así las cosas, además de la desconexión e incongruencia gubernamental y el abandono de las políticas derivadas del Estado Social, sigue pendiente la formulación e implementación de la política del Estado contra la delincuencia común y la criminalidad.
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