Por Nelson Encarnación
-UN ANÁLISIS-
La República Dominicana ha empezado un 2020 políticamente cargado de incógnitas de cara a dos procesos electorales que eventualmente pudiesen ser tres en menos de seis meses, lo que al mismo tiempo dará lugar a un panorama complejo en otros aspectos.
La tendencia hacia la complejidad del año que recién comienza se marcó a mediados de 2019 cuando se acentuó la discusión en torno a la posible modificación constitucional, un tira y afloja que terminó por definir la relación amor-odio de los dos principales liderazgos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
O quizá un poco antes, se pudiera decir, ya que la tirantez entre Danilo Medina y Leonel Fernández alcanzó un punto de ebullición cuando las Cámaras Legislativas se adentraron en la discusión de la ley de partidos, un estatuto orgánico que junto con el régimen electoral estuvo en la discusión por lo menos durante 15 años sin que los actores fundamentales avanzaran hacia su aprobación.
Aunque todos los sectores, ya fueran políticos o de la sociedad civil, estuvieron de acuerdo en que el andamiaje jurídico de la Junta Central Electoral (JCE) y de los partidos se debía de adecuar a los nuevos tiempos, la realidad era que no se había podido sacar la iniciativa del marasmo.
Primarias abiertas
Aun cuando no parecía ser el tema fundamental de la ley de partidos, la realidad fue que el tipo de primaria para escoger candidatos y autoridades internas de las organizaciones se constituyó en el elemento de mayor discusión, al menos en lo concerniente al PLD, cuyo Comité Político, de hecho, se sobrepuso al Congreso Nacional.
En efecto, el CP del PLD en una de sus reuniones decidió derivar la discusión de las primarias a la opinión de una comisión de expertos constitucionales que sería consultada al respecto, con el propósito de que determinara si las llamadas primarias abiertas y simultáneas chocaban o no con la Constitución de la República, dado el caso de que ese tema fue resuelto mediante sentencia del 2005 por la Suprema Corte de Justicia, actuando en función constitucional.
La decisión de la SCJ se produjo ante un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 286-04 que establecía las primarias abiertas y simultáneas mediante el padrón universal de la Junta Central Electoral.
«Por tales motivos: Primero: Declara no conforme con la Constitución la Ley No. 286-04, del 15 de agosto de 2004, que establece el Sistema de Elecciones Primarias mediante el voto universal, directo y secreto», dictaminó la Suprema, acogiendo una instancia de una fundación dirigida por el hoy presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán.
La decisión del Comité Político del PLD de consultar a los expertos naufragó muy rápido, ya que dicha comisión nunca existió realmente.
Panorama general
La situación política parecía orbitar alrededor del PLD hasta el seis de octubre pasado, una realidad que cambió radicalmente cuando las primarias fueron denunciadas como fraudulentas por el sector encabezado por el expresidente Fernández, quien decidió abandonar la organización oficialista y formar una nueva agrupación llamada Fuerza del Pueblo (FP).
Esta nueva realidad conduce a la incertidumbre acerca de lo que pasaría en los próximos procesos, ya que se tiene una correlación de fuerza dividida en tres bloques cada uno con su candidato para las presidenciales, pero dos de esas, FP y Partido Revolucionario Moderno (PRM), involucradas en unas alianzas variopintas para las municipales de febrero y las congresuales de mayo.
Para los analistas, la división del PLD y la irrupción de la Fuerza del Pueblo serían los factores determinantes en las presidenciales de mayo, a partir del hecho concreto de que sin importar la cuantía del desprendimiento, se trata de una fragmentación que por derivación lógica apunta a debilitar una organización que de por sí carga con el pesado fardo de un largo ejercicio continuo y que por demás llevará, por primera vez en su boleta presidencial, a una figura de segundo orden, en nada parecida a su fundador Juan Bosch, a su relevo Leonel Fernández ni al actual jefe del Estado, Danilo Medina.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
