Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: El Ministerio Público acusó a al hijo de un viceministro y un empleado del Ministerio de Agricultura de estafar esa institución con casi RD$4.0 millones, mediante transferencias ilícitas, utilizando el usuario de acceso bancario del funcionario encargado Administrativo y Financiero.
Se trata de Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, quienes, según la acusación explicada por el procurador fiscal Ernesto Guzmán Alberto, el desfalco se produjo al referido viceministerio, que manejaba en ese entonces Julio Fernández, padre de Domínguez Solano.
El funcionario judicial indicó que el método utilizado, de acuerdo con los investigados, se realizaba mediante transferencias de los fondos desde la cuenta del citado Viceministerio a la de Elizondo y de ésta a la de Domínguez Solano.
“Se trata de un caso de desfalco, en el cual ha resultado comprometida la responsabilidad penal de estas dos personas, por un monto que asciende a los RD$3,810,000, cifra que puede aumentar según las pesquisas continúen”, dijo.
La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este sábado 22 el conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el caso de desfalco contra el Ministerio de Agricultura.
Guzmán Alberto indicó que el Ministerio Público no descarta que, con el desarrollo de las investigaciones, el espectro del caso pueda ampliarse, precisando que han solicitado la prisión preventiva como medida de coerción para ambos imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) desarrolló la investigación por la estafa, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura.
Domínguez Solano es acusado de la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También, de violar los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto, a Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal, así como coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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