Impuestos solapados en proyecto presupuesto desatan reacciones y adelanta batalla para modificación en el Congreso
Por Suanny Reynoso
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La modificación del proyecto de presupuesto para el año 2021 parece inminente, luego de los cuestionamientos y reacciones de distintos sectores de la sociedad de que el mismo contiene una serie de capítulos mediante los cuales se pretenden introducir una reforma impositiva subrepticia.
Sin embargo, esta posibilidad de enmienda obligaría a una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo o entre bancadas, debido a las restricciones constitucionales que enfrenta el Congreso para una enmienda de esa naturaleza, por tratarse de una ley orgánica.
Entre esos impuestos solapados uno de los que más ha impactado en el sector laboral y la sociedad es el que tiene que ver con el sueldo 13, el famoso “doble sueldo” de Navidad, que por ley está exento de impuesto y casi todos trabajadores esperan con ansias cada fin de año para resolver problemas de su presupuesto familiar o metas que se han trazado.
En este apartado, el proyecto de presupuesto, que asciende a más de un billón de pesos, (un millón de millones, más 37 mil millones) incluyó el cobro del impuesto sobre la renta, algo nunca visto en la historia del país y que está prohibido por el Código Laboral.
También se busca establecer un impuesto a las compras con tarjetas de crédito en moneda extranjera.
Otras de las pretensiones del Gobierno procura gravar las compras por Internet así como los servicios digitales, justo en medio de una pandemia que ha obligado al uso masivo de servicios tecnológicos en casi toda la esfera productiva, incluyendo la educación.
Los servicios digitales que podrían se gravados son Netflix, Youtube, Spotify y otras plataformas, lo que implicaría que los propietarios de esos negocios o plataformas aumenten a sus clientes sus tarifas en la proporción que entiendan para poder mantener sus ofertas.
Tan pronto se conocieron detalles del proyecto ley de ingresos y gastos públicos empezó el bombardeo por parte de senadores, políticos, economistas y gente de la calle, en el entendido de que esos impuestos dirigidos al consumo al final se convertirán en un aumento del costo de la vida por su carácter regresivo.
Los que así opinan, destacan cuando los empresarios e intermediarios de cadena comercial se vean obligados a pagar nuevos impuestos, transferirán los aumentos a los consumidores, que quienes al final cargarán con el pago de los platos rotos.
No cargar a los pobres
La senadora oficialista Faride Raful, manifestó su oposición y advirtió que el Congreso Nacional tiene la suficiente independencia para modificar el proyecto que envió el Ejecutivo.
La legisladora dijo que entiende las dificultades económicas del país y la urgencia que tiene su Gobierno de buscar recursos donde sea para mantener a flote la economía en medio de la pandemia del Covid-19, pero no está de acuerdo que solo se visualice a través del consumo
“Es necesario aumentar los ingresos, pero no cargando más a los pocos que aún trabajan”, sostiene la senadora en un mensaje en su cuenta de twitter.
Faride sostiene que como se trata de una propuesta del gobierno, ahora toca la responsabilidad Congreso Nacional estudiarlo e introducir los cambios y modificaciones que entiendan sean necesarios.
En iguales términos se pronunció Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domingo, quien afirma que “a los pobres y a la clase media no se les pueden pedir más sacrificios”
Pero en un plano más conciliatorio señala que cualquier impuesto que se aplique a la población “será transitorio” hasta que termine el estado de emergencia sanitaria vigente en el país.
De su lado, el senador José del Castillo Saviñón, del PLD, calificó de “contraproducente” la medida de gravar el doble sueldo y las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, señalando que impactara negativamente en los consumidores.
Mayoría calificada
En efecto, el artículo 112 de la Constitución establece que para la modificación de una ley orgánica como es la de Presupuesto, ambas cámaras necesitan el voto afirmativo de las dos terceras partes de los presentes.
Conforme la composición actual del Congreso, el Partido Revolucionario Moderno no dispone de esa mayoría en ninguna de las cámaras, ya que en el Senado, junto a sus aliados, suma 19, mientras que en la cámara baja tiene 94.
El peor escenario se le presenta en la Cámara de Diputados, donde el PLD, con sus 68 representantes, tiene un claro poder de veto.
