Panorama

Guido Gómez asegura que el 90% de las llamadas fraudulentas se origina en las cárceles

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, reveló que el del 90 % de las llamadas fraudulentas que derivan en delitos en el país se originan desde cárceles, utilizando dispositivos móviles de forma ilegal.

Frente a esta realidad, el Indotel, en coordinación con otras entidades del Estado, ha puesto en marcha un sistema de bloqueo de señal que busca neutralizar estas operaciones, sin afectar los derechos fundamentales de comunicación de los internos, sostiene Mazara a través de una nota informativa.

Gómez Mazara hizo esos señalamientos al participar en el Primer Encuentro del Diálogo Hemisférico con Gobiernos Subnacionales: Gobernanza para la Paz, organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El funcionario presentó el modelo que implementa la República Dominicana para bloquear señales ilícitas en los centros penitenciarios, como parte de una estrategia integral de seguridad tecnológica y protección de los derechos ciudadanos.

“Nuestra gestión ha sido capaz de atacar, en el buen sentido de la palabra, un fenómeno que vulnera la seguridad de los ciudadanos”, expresó.

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Precisó que no se trataba de impedir la comunicación ordinaria de los privados de libertad, “sino evitar que las cárceles funcionen como centros operativos de prácticas delictivas”.

Sostuvo que esa es una acción “responsable, moderna y ética que reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con la paz y el respeto a los derechos humanos”.

Destacó que este modelo dominicano puede ser una referencia regional para otras naciones que enfrentan desafíos similares en sus sistemas penitenciarios.

Abundó que la tecnología debe estar al servicio de la legalidad y la protección de la ciudadanía, “por lo que estamos demostrando que se puede aplicar un enfoque equilibrado entre seguridad y derechos fundamentales”.

El evento congregó a representantes de gobiernos locales y regionales de todo el continente, con el objetivo de debatir políticas públicas innovadoras que promuevan la paz, la transparencia y la inclusión.

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