Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Según una publicación del periódico Listín Diario, el 3 de junio de 2022, a través de una comunicación, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, habría instruido para que se descontinuara “la divulgación anticipada de las actuaciones disciplinarias”, contra miembros de ese órgano.
La nota precisa que la orden fue tramitada a través de la Inspectoría del Ministerio Público, y a la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República.
El recordatorio de la de la magistrada Germán Brito, está basado “a propósito de la poca información que ha divulgado el Ministerio Público en relación con los siete fiscales involucrados en la «Operación Gavilán».
A estos funcionarios judiciales se les señala como integrantes de una red “dedicada a borrar antecedentes penales a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, secuestro y hasta personas recluidas en cárceles con condenas de hasta 30 años de prisión”.
Estos fiscales se encuentran en un proceso disciplinario por las faltas “graves” o “muy graves”, de acuerdo al reglamento del Ministerio Público, que prohíbe estas actuaciones.
El año pasado, Germán Brito expresó su preocupación por la divulgación de información de miembros de ese órgano que se encontraban bajo investigación disciplinaria.
Explicaba que en las fases preliminares de las indagaciones disciplinarias no se podía anticipar informaciones que “puedan afectar el honor y la imagen de los miembros de la institución”.
“Exponer de manera anticipada las actuaciones disciplinarias puede generar un gran daño al honor del investigado, por lo que debe manejarse con la mayor reserva posible, y en ningún caso deberíamos promover su divulgación desde la comunicación institucional, hasta tanto no exista una decisión en firme”, decía el documento.
La funcionaria indicaba, además, que el control disciplinario no era una tarea sencilla, ya que implicaba investigar y enjuiciar a compañeros de labor.
“Las personas sometidas a un procedimiento disciplinario gozan de una presunción de inocencia que debe ser derrotada con la decisión de condena y merecen ser tratados con la dignidad que les corresponde”, explicaba Germán.
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