Galicia hace obligatoria la vacunación con multas de hasta 60.000 euros

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MADRID.- La nueva ley gallega de salud, que reforma un texto de 2008, impulsada por el PPdeG, ha sido aprobada en el pleno del Parlamento solo con los votos de los populares y con el rechazo de la oposición, BNG y PSdeG.

Durante el debate, el diputado socialista Julio Torrado ha acusado al PP de «utilizar el miedo para recortar derechos» en un «dudoso marco jurídico», mientras Iria Carreira (BNG) ha alertado de que esta ley supone una «supresión de derechos fundamentales de los gallegos» con la excusa de la pandemia.

En contraposición, Encarna Amigo (PPdeG) ha defendido que la nueva norma, que «tanta algarabía está suscitando», «cumple todas las garantías jurídicas» y sirve para combatir al coronavirus.

La reforma de esta ley ha estado rodeada de polémica desde el comienzo. El propio modo de tramitarla por el Grupo Popular por la vía de urgencia, en vez de por el Gobierno gallego, suscitó las críticas de la oposición al acusar a los populares de buscar «esquivar informes jurídicos». Entre los capítulos que más críticas han recibido, está el que alude a la tipificación de infracciones en salud pública y a las sanciones.

Entre ellas, se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse confinamientos y un régimen de sanciones en tres niveles -leve, grave y muy grave- para penar el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas, pero solo en caso de que las autoridades sanitarias establezcan su obligatoriedad.

Asimismo, la multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Para Sanidad «la vacunación no es obligatoria»

Como se recordará, una actualización de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España publicada en diciembre, estableció que la vacuna contra el coronavirus sería voluntaria, si bien se registrará en el Registro de Vacunación, a las personas que se nieguen a ponérsela con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.

La actualización del documento coincidió con el día en el que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) emitió el dictamen positivo de autorización de uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

De hecho, la actualización del documento publicada el 9 de febrero ratifica que «la vacunación frente a COVID-19 no es obligatoria. Como se indicaba en la Actualización 1 de la Estrategia, se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población».

Sin embargo en el artículo 41 de la norma aprobada en el parlamento gallego se dice que será considerada una infracción leve, sancionable con hasta 3.000 euros, en materia de salud pública «la negativa injustificada al sometimiento de medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley».

‘Ley Auschwitz’

unto a esto, durante la tramitación de la ley se produjo una campaña de correos masivos en la web del Parlamento gallego con contenido negacionista de la covid-19 y antivacunas.

El pasado sábado una manifestación negacionista recorrió las calles de Santiago contra lo que denominan la ‘Ley Auschwitz’ (Si quieres ver las imágenes de la manifestación pincha AQUÍ). Asimismo, este martes, decenas de negacionistas se han concentrado ante la Cámara en contra de la ley con carteles en los que se podía leer mensajes como ‘La televisión es el virus’. En ambas movilizaciones, se ha podido ver a algunos manifestantes sin mascarilla o con ella bajada.

Los populares han deslizado en los últimos días una vinculación entre el rechazo de la oposición al texto con estas movilizaciones negacionistas. Una cuestión que ha provocado un airado reproche por parte del BNG y PSdeG, que acusan al PP de usar un «argumento ridículo» y «tramposo» de identificar las críticas de la oposición con el negacionismo para no abordar lo que entienden problemas de fondo en el texto.

Un «disparate» para la oposición

Previamente al debate parlamentario, en la comisión de Sanidade, los populares solo aceptaron una de las 54 enmiendas de la oposición: relativa a «revisar el lenguaje sexista» de la redacción.

Además, se incorporan cinco enmiendas de los populares al dictamen final, que atañen fundamentalmente a la planificación, con el foco en el desarrollo de la Estratexia Galega de Saúde y los planes por área. El PP también introdujo un cambio para la «desnormalización» del consumo de alcohol entre menores.

Durante el pleno, Iria Carreira (BNG) ha arremetido contra el PP asegurando que solo busca «medidas de carácter restrictivo y punitivo», pero «ninguna medida para reforzar el sistema sanitario». Considera que «es un grave error enfocar un problema de salud pública como un problema de orden público».

Una de las cuestiones sobre las que se llama la atención es que «se contempla la obligatoriedad» de tratamientos y pruebas diagnosticas «como si fuese este el problema real». Recuerda que el comportamiento de la población gallega «está siendo ejemplar», y «no es que la gente no quiera vacunarse, es que no hay vacunas para ponerle».

Por ello, la diputada nacionalista pone el foco acerca de que el «problema real» que no quiere abordar el PP es la falta de medios y personal en la sanidad gallega, lo que ve «miserable».

Carreira advierte de que se «infantiliza» a la sociedad con esta norma, que supone «limitar derechos», pero sin que el Gobierno gallego tenga que «rendir cuentas». Todo ello, con una voluntad «nula» de diálogo por parte del PP, que ha reducido a intentar «ridiculizar» a la oposición y «hacerla pasar por negacionista» solo por criticar el texto.

Igualmente, el diputado socialista Julio Torrado ha tachado esta norma de «disparate jurídico», que «pretende sustituir al Congreso de los Diputados a través de un parlamento autonómico», con un reglamento sancionador «excesivo» e «inapropiado legalmente».