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Fundación evangélica se une al rechazo de la política de protección de datos de la Suprema Corte

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) manifestó su solidaridad con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y otras entidades que se oponen a la normativa de protección de datos emitida por la Suprema Corte de Justicia, por considerar que esta limita la Constitución.

El presidente de la entidad, Fidel Lorenzo Merán, opinó que la disposición rebasa las facultades del Poder Judicial referida a la administración de justicia.

Dijo que la Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentando lo que ocurre en las audiencias, sobre todo en aquellas de naturaleza penal.

La entidad considera que esta política contraviene el párrafo 11 del artículo 42 de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que dispone que las sentencias en ese grado deben ser publicadas íntegramente en el Boletín Judicial, de forma impresa y digital en la página web de la SCJ.

Lorenzo Merán sostiene que el acceso a los expedientes de los casos judiciales no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y, de manera especial, a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión del pensamiento.

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“Desde la FEJUS mostramos alarma y preocupación porque dicha disposición se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad”, añadió.

El sociólogo Lorenzo Merán hizo un llamado al Poder Judicial para que retire esta normativa, “por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad”.

Consideró esa política del Poder Judicial puede servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y que tanta sangre y sacrificio ha costado a los países con bajos niveles de transparencia.

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