Panorama

Funcionarios tienen espada sobre el cuello por abultar patrimonio en declaración de bienes

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Tal y como se sospechaba, algunos de los nuevos funcionarios del Gobierno quisieron pasarse de listos con la presentación de sus declaraciones juradas de bienes, atribuyéndose teneres que hasta ahora no han podido demostrar que son de su propiedad.

Sólo esa irregularidad viola el artículo 15 de la ley 311-14, sobre delito de falseamiento de datos consignando “que quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central”.

El Párrafo único del artículo 20 de esta ley contempla dispone que “Ministerio Público podrá, además, disponer la inmovilización de los fondos, valores y recursos, propiedad total o parcial del funcionario investigado”, dando la potestad al afectado poder objetarla ante el órgano jurisdiccional competente por la persona afectada.

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En esta situación podrían estar no sólo la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien se encuentra actualmente en medio de una tormenta mediática tras la divulgación de un reportaje de la comunicadora Nuria Piera que le devela el origine de su fortuna.

Aunque la joven ministra ha dado muchas explicaciones, en el ambiente está el que se trata de la primera funcionaria del presidente Luis Abinader que le alborota el ambiente vía un cuestionamiento ético.

La investigación resalta que la funcionaria, de 33 años de edad, tiene un patrimonio de RD$106 millones, según consta en el documento depositado en la CCRD, en la que afirma acumular deudas por RD$55 millones, en un banco y dos cooperativas de Moca.

La fortuna

Al explicar a Nuria cómo amasó su fortuna, la joven funcionaria dijo que la inició con la compra de camiones, los que alquila a los ayuntamientos para la recogida de basura, citando entre estos gobiernos locales los de Hato Mayor y Santo Domingo Este.

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Respecto a sus relaciones con las cooperativas a las que logró convencer de su solvencia para que le prestaran tanto dinero, dijo que la persona “a la que nosotros le compramos los equipos tiene acuerdo con esas cooperativas porque es de ese territorio”.

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