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Funcionarios con 10% acciones en empresas pueden venderle al Estado; abren vías para tráfico de influencias

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Los funcionarios que tengan hasta un 10% de participación accionarial en empresas, pueden ser proveedores del Estado, y aunque se exceptúan los organismos donde prestan servicios, esto no evitaría que se pudiera traficar con influencias valiéndose de “amarres” en otras instituciones.

El anuncio sobre esa excepción lo hizo este domingo el Director General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, quien advirtió que el organismo concluyó el cruce de bases de datos para los funcionarios del Poder Ejecutivo, el que dijo tiene hallazgos que concluirán con la suspensión del registro de proveedores.

Indicó que la incompatibilidad legal se activa cuando el funcionario tiene más del 10% de participación accionaria en una empresa, manifestando además que se hará un cruce de base de datos del Congreso Nacional para establecer las incompatibilidades.

“Todavía no tenemos una disposición que nos indique que, por pertenecer a un consejo, se inhabilita para ser proveedor del Estado, yo quisiera que fuera así, entiendo que debe ser así, pero hasta ahora la ley no lo establece”, agregó.

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El funcionario dijo que no le temblará el pulso para suspender registros de proveedores por incompatibilidades, como lo ha hecho hasta ahora el organismo, con al menos 120 casos, recordando que 119 alcaldes y regidores que estaban en el registro de proveedores del Estado fueron suspendidos.

Advirtió que los funcionarios electos no pueden contratar con el Estado, ni ser oferentes, por lo que ha desarrollado un mecanismo de identificación de estos y ha procedido a la suspensión de los registros de proveedores.

Compras estatales

En otro orden, Pimentel indicó que al menos el 32 % del Presupuesto General del Estado está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras, las cuales deben servir para el desarrollo.

Esto representaría más de 330 mil millones de pesos partiendo del monto de 1.037 billón de pesos en que se ha estimado el presupuesto que conocerá el Congreso Nacional para 2021.

Dijo que algunas entidades han sido parte del clientelismo político institucionalizado, citando entre ellas el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.

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Resaltó que no es un secreto para nadie que en esas áreas del Estado han existido denuncias sobre presunta corrupción y violación de los procedimientos para las contrataciones.

Además, corroboró lo dicho por el presidente Luis Abinader, en el sentido de que desde que se aprobó el 4 % del PIB para el Ministerio de Educación, “nunca ha sido auditado, a pesar de que los fondos destinados a ese sistema en una gran proporción fueron utilizados para la construcción de obras”.

Otras entidades vinculadas a áreas de construcciones de obras físicas, no solamente la descontinuada OISOE, el Ministerio de Obras Públicas, Invi, Inapa y la Caasd, construyen, hacen contratos y licitaciones.

“Hemos encontrado sorteos de obras, en los que hay que mantener la vigilancia de lo que sucedió y a lo que pueda suceder”, enfatizó.

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