Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La fiscal titular del Distrito Nacional, magistrada Rosalba Ramos, confirmó este martes que se emitió una orden de arresto contra el controvertido abogado Johnny Portorreal, quien desde hace años se ha constituido como representante de miles de personas de apellido Rosario que buscan una imaginaria herencia de miles de millones de euros.
El Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, Informó que solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y declarar complejo el caso contra el abogado Portorreal Reyes, Miguel de Oleo Montero (Miguelón), Hilario Amparo y Miguelina Gómez Santana, imputados de estafar a más de 280 miembros de la familia Rosario que reclaman la supuesta herencia.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, firmada por la fiscal adjunta Evelyn García, encargada del Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, los querellantes denunciaron a los encartados por haberles prometido el cobro de una herencia millonaria, presuntamente ascendente a trece trillones de euros.
Esa astronómica suma, producto supuestamente de la fortuna acumulada por su antepasado de apellido Rosario, sería equivalente al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y varias de las mayores economías en conjunto.
Según la Fiscalía del DN, los imputados dijeron a las víctimas que el dinero había sido transferido al Banco de Reservas de la República Dominicana, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich, de Suiza.
Asimismo, señala el documento de solicitud de medida de coerción que Portorreal Reyes y sus asociados cobraron altas sumas de dinero a las víctimas, que van desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con el ardid de hacer las diligencias del supuesto cobro de la falsa herencia.
El Ministerio Público otorgó al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
La solicitud de prisión preventiva está fundamentada en 553 pruebas testimoniales, entre ellas certificación de la Dirección de Migración y del Banco de Reservas, así como las órdenes de arresto emitidas por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, del 21 de mayo de 2021.
Se recuerda que la Fiscalía inicio el proceso de recepción de denuncias por estafa contra los implicados el 16 de julio de 2018, cuando los querellantes empezaron a llevar sus demandas por ante el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Somos un medio independiente que asume un compromiso con la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos.
