Redacción/El Correo
SANTO DOMINGO: La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana advierten al Gobierno que la emergencia nacional por el coronavirus no puede implicar violaciones a las normas éticas ni exime a los funcionarios de responsabilidades.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que “es innegable que los estados de excepción suponen la flexibilización de ciertos procedimientos institucionales”.
Aclaró que un estado de emergencia no supone “eximir a los funcionarios y las autoridades del Estado de responsabilidades por los abusos y las extralimitaciones que cometan en el ejercicio de las facultades y en la aplicación de las medidas que tomen durante los estados de excepción”.
Dijo que la comisión que se conforma con legisladores de ambas cámaras legislativas, debe dar seguimiento oportuno al contenido de la resolución que declara el estado de emergencia, iniciado por el Presidente Danilo Medina.
Asimismo, opinó que la comisión debe estar atenta y vigilante a que cada una de las medidas que habrán de ser tomadas sean legalmente consecuentes y óptimas frente a la situación, para que sean eficientes garantizando los derechos de la ciudadanía.
PC velará por transparencia
Por su lado, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, dijo que durante el periodo de emergencia vigilarán la contratación de bienes y servicios para comprar los insumos y materiales para contrarrestar el coronavirus.
Pimentel recordó que la ley 21-18 sobre regulación de los estados de excepción, en su artículo 10, establece que “durante el estado de emergencia podrán adoptarse todas las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas, y la protección del medioambiente”.
Sin embargo, señaló que la ley 340-06 de Compras y Contrataciones excluye de la aplicación de la misma los procesos de compras y contrataciones por razones de seguridad o emergencia nacional que pudieran afectar el interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación.
Enfatizó que las compras o contrataciones que realice el Estado dominicano sobre la base de esta excepción, no deben violentar o exceptuar principios básicos y estándares para garantizar una contratación pública transparente.
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