Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) insistió en la necesidad de que Congreso Nacional apruebe, con carácter de prioridad, los proyectos de ley sobre protección de testigos y víctimas y juicios de extensión de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
También planteó la conversión en leyes de las reformas a los códigos Civil y de Procedimiento Civil; la enmienda a la Ley del Notariado, y la que crea el Sistema Integral de Erradicación de la Violencia contra las mujeres.
La petición fue hecha por la entidad a través de la Cámara de Diputados, el pasado lunes, a la que planteó se acoja la modificación del Código Penal, por ya haber transcurrido más de un siglo de su promulgación.
En ese sentido, el organismo de la sociedad civil recordó la tentativa de su reforma en 2015, la que afirma no prosperó “por razones que consideramos no son propias de una discusión penal”.
Señaló que se hace impostergable la reforma del Código Penal, porque el actual no responde a las necesidades de prevención y persecución del delito en una sociedad cada vez más globalizada.
La Finjus procura también la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana y Mecanismo de Control Social; la reforma a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, porque la actual norma es “insuficiente para prevenir, castigar y sancionar a quienes de manera sistemática han defraudado al Estado”.
Sostuvo que culpa a la Ley de Compras y Contrataciones (340-06) de ser “uno de los cimientos principales del modelo clientelar que ha imperado en el sistema político dominicano”.
Por eso, planteó revisar la participación de funcionarios públicos como agentes privados en el sistema, la fragilidad de la figura de las contrataciones y los tiempos de pagos.
Otras reformas que procura son a las leyes Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE); de Derecho de Petición; la aprobación del proyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Estatal y el proyecto de Ley de Aguas.
De igual forma reclamó la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, de Vivienda y Asentamientos Humanos, que cursa en el Congreso Nacional, y la aprobación del proyecto de Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
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