Por Manasés Sepúlveda Hernández
El excesivo presidencialismo ha sido históricamente uno de los principales problemas que afecta la calidad democrática del país, y tanto la debilidad del Poder Legislativo y el poco impacto de los partidos de oposición en el diseño de políticas públicas, ceden una amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo.
Asimismo, el Poder Judicial fue uno de los peores valorados en la región, considerado carente de independencia y con intromisión del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Informe sobre la calidad democrática en la República Dominicana” realizado en el año 2019, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Dicho informe ofrece un análisis del estado actual de la calidad de la democracia en la República Dominicana, a partir de la información disponible en bases de datos oficiales, de organismos multilaterales y de
organizaciones internacionales de la sociedad civil.
“Cabe resaltar también la facilidad con la que, históricamente, los presidentes dominicanos pudieron superar los límites parlamentarios, por ejemplo, a la hora de modificar la Constitución para permitir la reelección. De los seis presidentes que gobernaron desde 1978, los últimos tres propusieron y obtuvieron modificaciones a la Constitución para permitir futuras reelecciones a su favor”, expresa.
Agrega que “el excesivo presidencialismo, por un lado, impide el accionar independiente de la Justicia y, por otro, vacía de contenido la actividad parlamentaria, cerrando espacios de equilibrio y de oposición democrática”.
En cuanto al indicador que mide el nivel de independencia de la Judicatura, así como su capacidad efectiva para dictar sentencias de manera autónoma y el nivel de obediencia de los otros dos poderes del Estado a sus decisiones, la República Dominicana obtuvo una puntuación de 0.39, bastante por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (0.55) y del promedio mundial (0.56).
Se mantuvo con una baja puntuación desde 2012, al contrario que la región, que mostró una tendencia a mejorar.
“La República Dominicana se encontró entre los últimos países de la región, con una puntuación de 0.35, que solo superó a la de Venezuela, Nicaragua, Haití y Ecuador. Tras una mejora notable a principios de la década de 1980, la independencia judicial sufrió un estancamiento y luego, desde 2010, un declive frente a la intromisión del Poder Ejecutivo”, señala.
El informe indicó la facilidad con la que un solo partido político puede controlar dicho órgano. En efecto, la debilidad del contrapeso legislativo se traduce en debilidad a la hora de designar a los integrantes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC) y de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana (SCJ), entre otros, lo que a su vez debilita el contrapeso judicial, cerrando un círculo vicioso.
Señaló que los datos del Instituto V-Dem confirman que la República Dominicana “se encontró entre los países de la región de América Latina y el Caribe con un menor grado de frenos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, a favor de una preponderancia del Ejecutivo que afecta sensiblemente el Estado de Derecho y a la calidad de la democracia en el país”.
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