Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Si a una cárcel se ingresa una o más armas de fuego o blanca, el o los únicos responsables son las autoridades encargadas de vigilar los reclusos. Igual ocurre con la presencia de teléfonos celulares en los recintos penitenciarios, desde los cuales se planifican atentados por encargos.
Sólo se necesita la voluntad de quienes controlan el Gobierno del Estado, por lo que aún existen dudas de si las afirmaciones del presidente Luis Abinader en ese sentido, terminen como otras anteriores.
El gobernante advirtió este lunes a las estructuras criminales que operan en la República Dominicana que deben prepararse porque el Gobierno los va a enfrentar como nunca antes.
“Toda estructura criminal en la República Dominicana va a ser enfrentada como nunca antes”, advirtió el presidente Abinader, en una rueda de prensa improvisada en los pasillos de Palacio Nacional.
El mandatario estuvo acompañado de Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario.
Anunciaron además un operativo en la cárcel del 15 de Azua, donde por informaciones de inteligencia actuaron durante la madrugada y decomisaron armas de fuego en poder de los reos.
Además, se trasladaron a 15 reclusos a otros centros penitenciarios, que fueron identificados como los cabecillas dentro del penal.
Motines carcelarios
En abril pasado, se registró un motín en la cárcel de La Victoria, donde cuatro reclusos y un agente policial resultaron heridos por perdigones. La violencia estalló tras las rejas por el traslado de al menos 49 presos a otros penales.
La medida de descongestionamiento fue decidida luego de la muerte, días antes, de cuatro presos por coronavirus y el contagio de 15 más.
El 15 de Azua
En el penal que funciona en la sureña ciudad de Azua ya son varios los motines que se producen, resultando la mayoría de veces con lesionados de consideración.
Allí también, se ha denunciado, se planifican sonados casos de sicariatos, los que regularmente se programan a través de teléfonos celulares.
En este recinto carcelario, construido hace 19 años se considerado como lo peor del sistema carcelario y el recinto al que más temen los presos, en el alberga alrededor de 500 reclusos, varios cientos por encima de su capacidad.
Allí se habría planeado en junio de 2019, el atentado que casi le cuesta la vida al ex Grandes Ligas David Ortiz, ocurrido en un centro de diversión en Santo Domingo Este.
Las primeras versiones daban cuenta de que dos reclusos habrían estado vinculados al atentado como sicarios siendo identificados como Carlos Rafael Álvarez, quien cumple condena por 20 años, y José Eduardo Ciprián Lebrón.
Ramón Martínez o Rolfi Ferreras fue señalado como la persona que realizó el disparo con una pistola marca HI-POWER, contra al Big Papi, resultando herido con el mismo proyectil el comunicador Jhoel López, quien departía en ese momento con Ortiz.
Mataron joven por equivocación
Otro crimen que se duplicó fue el cometido en 2014. Se trató del asesinato por contrato de dos mujeres jóvenes – Suleika Flores Guzmán y Natacha Teresa Sing- las que vivían en el mismo residencial, tenían vehículos con características similares y fueron asesinadas con el mismo método, a tiros desde una motocicleta.
La diferencia entre un asesinato fue de unas cuantas semanas, siendo la primera víctima por un error de los ejecutantes, según los vecinos del residencial Vereda Tropical, en Santo Domingo Este, donde ambas residían, las que tenían cierto parecido físico, así como algunas características en común. Salían a sus trabajos temprano en la mañana y regresaban en la noche.
Natacha Teresa Sing fue asesinada la mañana del siete de abril, cuando se dirigía a su trabajo en el sector Mendoza, en tanto que Suleika Flores Guzmán fue ultimada en la avenida Ecológica, también en Santo Domingo Este. A las dos les dispararon mientras se desplazaban en sus vehículos.
Como la primera víctima no era la encomendada, los sicarios fueron nuevamente pagados por sus contratantes, para que terminara con la existencia de la verdadera víctima.
El caso salvadoreño
Al igual que en República Dominicana, el bloqueo de señales celulares en cárceles es un tema de larga data en el mercado de las telecomunicaciones y el caso de El Salvador da pruebas de su complejidad.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instó a los operadores a implementarlo en un plazo no mayor a 72 horas, suspender las señales para los celulares que los custodios habían permitido operar allí.
Es que, aunque hay una ley vigente que lo contempla como parte de las obligaciones de las firmas que prestan servicios móviles, no es un hecho en ninguno de los centros penitenciarios dominicanos.
Si el presidente Abinader, como lo anunció, enfrentará la delincuencia fuera y dentro de las cárceles, sólo tiene que ordenar al Indotel que corte la señal a los internos y colocar teléfonos fijos que funcionen bajo control de las autoridades.
