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Este martes se cumple un año de la histórica suspensión de las elecciones municipales

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Este martes se cumple un año de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, debido a  fallos comprobados en el sistema del voto automatizado que no dejó otra salida al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que posponer las votaciones, provocando una explosiva situación en el panorama político dominicano.

De manera sorpresiva y dramática, el entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, hizo el anuncio a las 11:11 de la mañana de aquel histórico domingo, cuando miles de electores habían ejercido su derecho al voto en la modalidad manual, y otros miles estaban en filas para sufragar en los 18 municipios donde se implementó el sistema automatizado.

El liderazgo reclamó de manera inmediata una aclaración, mientras se repartían las culpas de lo ocurrido. Se recuerda que el entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Gobierno culpaban a la oposición, que encabezaban Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Leonel Fernández, del naciente partido Fuerza del Pueblo, quienes su vez le endilgaban un intento de fraude al oficialismo.

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Con la suspensión de los comicios, el escenario político se vio impactado por una cadena de protestas que tuvieron como epicentro la Plaza de la Bandera y que fueron encabezadas por jóvenes.

La Policía detuvo, para fines de investigación, a un miembro de la seguridad del entonces candidato presidencial Abinader junto a un técnico de la compañía Claro. Tras la ola de protestas, el Gobierno ordenó al Ministerio Público que dejara sin efecto la investigación y se contrató a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que realizara las pesquisas, cuyo informe establece que el fallo fue por un mal manejo en la Dirección de Informática de la JCE.

Por el hecho, la JCE canceló al director de informática, Miguel Ángel García y a otros funcionarios de esa dirección.

El país tuvo un alto costo económico y se ha proyectado que las pérdidas superan los 4 mil millones de pesos. Previo a la implementación del sistema de votación, hubo mucho rechazo a utilización de ese modelo basado en la mala experiencia internacional con ese método de votación y que la JCE no hizo las auditorías que se necesitaban para garantizar la fiabilidad del sistema.

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La Junta Central Electoral estuvo acompañada por técnicos de la OEA y de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) para la implementación del sistema y a pesar de eso no funcionó.

Pese a que  el informe de la OEA se limita a responsabilizar a la Dirección de Informática del hecho, persisten las dudas de si en realidad lo ocurrido fue un fallo por descuido de la JCE o un intento de fraude.

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