Panorama

Esperan Operación Falcón deje a partidos experiencia sirva para filtrar mejor sus candidatos

Por Abel Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Como consecuencia de la llamada Operación Falcón, varias y graves violaciones a leyes relacionadas con la actividad político-partidistas, situación que posiblemente serán forzadas a cumplirse en los próximos procesos electorales.

Entre otra falencia se cita la señalada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Ro­mán Jáquez Liranzo, quien precisó que pocos candidatos en las pasadas elecciones rindie­ron informes sobre el tope de financiamiento recibido.

Jáquez Liranzo consideró que la legislación vigente tiene topes muy altos que no tienen ningún tipo de consecuencia al momento de su violación, situación que será debatida este miércoles en la continuación del Diálogo Nacional convocado por el presidente Luis Abinader.

El alto cargo de comicios expuso que en la reforma electoral propuesta por la JCE, se con­templan multas e inhabili­tación de una candidatura para el período vigente y el próximo, como sanciones para el viole lo establecido a los to­pes de financiamiento.

“El que no hace el reporte, que ojalá sea digital, porque la documentación se borra normalmente…si no cum­ple con esto podría ser in­habilitada su candidatura al cargo de elección popular al que usted aspira con una multa de 100 a 200 salarios mínimos”, señaló.

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Agregó que la JCE plantea la reducción el tope del finan­ciamiento en la precampa­ña, en hasta un 75 % y en la cam­paña a un 65 %, al igual que el tiempo de la campaña de 115 días a 60 días.

“Por ejemplo, si fuese un candidato presidencial el tope sería, en una precam­paña, de aproximadamente 500 millones de pesos, no­sotros proponemos reducir­lo a unos 200 millones de pesos.

Advertencias

Desde hace décadas, distintas instituciones cívicas, académicas, analistas y otras instancias han llamado la atención acerca de los peligros que acechan la democracia dominicana, respecto al descontrol de financiamientos del narco a candidatos de diferentes posiciones.

Tal fue el caso de la advertencia hecha por el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del INTEC y Participación Ciudadana organizaron en el panel “Lavado de activos y financiamiento político”, realizado a finales de marzo de 2016.

Allí se planteó que la campaña electoral que se desarrollaba en el país con miras a los comicios del 15 de mayo de ese año, presentaba “grandes riesgos y múltiples posibilidades para la penetración de recursos provenientes del narcotráfico”.

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Los expositores fueron el entonces procurador Antilavado de Activos, German Miranda Villalona; el consultor Heiromy Castro y el politólogo y economista Javier Cabreja.

Pese al cargo que desempeñaba, Miranda Villalona sostuvo que la entrada del lavado de activos en el financiamiento político en el país era algo “que nadie puede evitar, pues no existen mecanismos de supervisión efectiva”.

“Algo va a suceder, porque vamos a un camino de descontrol, donde no parece ser que hay una plataforma filosófica a discutir al interno de los partidos, sino que el que tenga más dinero es el ganador”, afirmó el magistrado.

De su lado, Cabreja consideró que en el país existe un contexto político y electoral favorable para la entrada del dinero ilícito en la política, destacando que el sistema electoral dominicano ha registrado importantes avances en lo que tiene que ver con la organización del día de las elecciones, aunque no así en la transparencia y control de la campaña.

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En tanto que el consultor Castro señaló los escollos de las leyes vigentes para la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos durante el periodo de campaña electoral.

Castaños Guzmán

También el pasado presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, trató el tema del “El Financiamiento de las Campañas Electorales”, en la conferencia magistral que pronunció el 5 de julio de 2017.

Allí, el titular del pleno comicial, planteó su preocupación al respecto, pero no pudo o quiso evitar que se produjeran “las ofertas (a candidatos y partidos políticos) de dinero sucio e ilegal, producto del narcotráfico internacional, juegos de azar, lavado de activos, trata ilícita de personas y demás actividades ilegales”.

Refirió también que esas prácticas “se convierten en tentaciones atractivas que contaminan la voluntad de nuestros candidatos y futuros funcionarios, quienes, a cambio de estas dispensas obsequiosas e inmorales, comprometen su futura voluntad pública, que eventualmente los convierte en prevaricadores”.

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