Panorama

Espada de doble filo cuelga sobre cuello de funcionarios que falseen o alteren sus declaraciones juradas

Por Suanny Reynoso

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Acceder a la página web de la Cámara de Cuentas (CC) para darle una “chequeadita” a las declaraciones juradas de patrimonio de los nuevos funcionarios y servidores públicos constituye una verdadera osadía, no importa que sea periodista o un simple ciudadano.

Por alguna razón u otra, continúan las dificultades o fallas técnicas que imposibilitan ver las declaraciones hasta el momento depositadas por los nuevos funcionarios, sobre suyos cuellos pende como la espada de Damocles la advertencia del presidente Luis Abinader de que si no las entregan a tiempo, podrían ser suspendidos.

El hecho es que aunque este martes vence el plazo para que esos servidores públicos depositen sus declaraciones de forma presencial como lo establece el artículo 13 de la Ley 311-14, a excepción del formulario de declaración que se completa de manera virtual, son muy pocos los expedientes publicados en la página web ese órgano fiscalizador.

Consultado por la vía telefónica un empleado explicó que por un lado se trata de fallas técnicas del sistema, en tanto que otros atribuyen el problema al volumen de personas, entre curiosos, periodistas y funcionarios ávidos de depositar a tiempo sus formularios, que ingresan a diario al portal, que han hecho colapsar el sistema.

Las dificultades empiezan en la plataforma de denuncias, específicamente en el apartado “Ojo Ciudadano” donde el interesado tiene la oportunidad de hacer denuncias y consultas a  la CC, porque en la mayoría de los nuevos designados, la casilla aparece en blanco o con la leyenda “Reporte no disponible” o la palabra “error”.

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En un pesquisa realizada la mañana de este martes por periodistas de elCorreo.do se ha comprobado que el mayor problema no es con los que salieron de la administración pública, sino de los nuevos funcionarios.

Otra dificultas encontrada en la página es la relativa a la falta de actualización del portal, como es el caso de las declaraciones juradas del ex presidente Danilo Medina y del ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que datan, la primera del 2016, y el segundo, del 2012

Prisión para los incumplidores

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, advirtió el lunes de que la CC no debe limitarse únicamente a recibir las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios, sino también debe investigar la veracidad de la información contenida en las mismas, como establece la ley.

Sobre ese particular, el capitulo tres de esa legislación reseña un conjunto de sanciones, que van del articulo 14 al 19, aplicables a los funcionarios o empleados públicos que por inobservancia, desconocimiento o mala fe, violen los plazos de entrega, falseen o alteren sus declaraciones de bienes.

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El artículo 14 expresa que el servidor público está obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08, de Función Pública.

En casos de falseamientos en las informaciones, el artículo 15 establece: “Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central”.

En cuanto al artículo 16, este contempla: “Prueba del origen del patrimonio. Cualquier funcionario público, obligado por esta ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente. Párrafo.- En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados”.

Por su parte, el artículo 17, sobre el destino del patrimonio decomisado: “El patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario público o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme ordene el juez competente”.

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La legislación establece, en su artículo 18: “Sanciones por enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con la pena de cuatro a diez años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años”.

En su párrafo establece que la inhabilitación de diez años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.

Asimismo, en el artículo 19 relativo a ña investigación por presunción. Dispone que “el Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley, conforme al plazo establecido en la misma”.

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