Panorama

Entre implicados en red “Operación antipulpo” cinco siguen libres y uno falleció

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Conforme a la lista de ex funcionarios del pasado Gobierno y sus alegados testaferros a los que se acusan de estafar y desfalcar instituciones estatales, y sin que se haya ofrecido explicación, aún faltan por ser arrestados otras cinco de seis encartados.

En el expediente de la “Operación antipulpo”, que ha provocado el arresto de al menos 10 exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina, se citan otras seis personas contra las que el Ministerio Público no ha gestionado su arresto.

Se trata de Wacal Vernavel Méndez Pineda, Báez, Messin Elías Márquez Sarraf y Rafael Leónidas D’Oleo, Víctor Guillermo Librán, quienes permanecen en libertad.

El domicilio de Este último fue allanado por las autoridades de la PGR, aunque se informó que aún se encuentra en Cuba.

El sexto involucrado es el fenecido Omalito Gutiérrez Remigio, identificado como chofer, empleado y testaferro de Alexis Medina, cuyo fallecimiento extingue la acción pública.

Hasta ahora están a la espera del conocimiento de medidas de coerción Carmen Magalys Medina Sánchez –hermana, al igual que Alexis, del ex presidente Medina-, así como Fernando Rosa y Francisco Pagán.

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También, Freddy Hidalgo, Rafael Germosén, Aquiles Cristopher Sánchez, Domingo Santiago Muñoz, Juan Esteban Suriel y José Dolores Santona Carmona.

Suriel y Santana Carmona aparecen como miembros de la “Fundación Tornado Fuerzas Vivas”, que presidía Alexis, entidad que se vendía como una organización de beneficio público, pero las autoridades afirman que en realidad fue “una vía de captación de fondos ilícitos utilizados en campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

En su momento, Fundación Tornado fue considerada como el principal movimiento político del sector externo, en apoyo logístico y financiero” de las candidaturas de Danilo en el período 2016-2020 y luego de Gonzalo Castillo, al frustrarse la repostulación del mandatario.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo haber confirmado la vinculación de la Fundación con el entramado societario imputado por actos corruptos y testaferratos.

El organismo de persecución basó la acusación en evidencias que incluyen imágenes, videos e informes recibidos por el PLD sobre el estado de los ingresos y gastos para la campaña presidencial de Castillo.

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En dicho informe se visualiza que miembros del entramado directamente o mediante sociedades jurídicas hicieron donaciones para la indicada campaña política.

General Suplly Corporation

El Ministerio Público sostiene que a través de la empresa General Supply Corporation, también propiedad de Alexis, a los miembros de la “Fundación Tornado” se les otorgaba poder de representación financiera.

“Desde su fundación, dicha empresa estuvo directamente vinculada a la red de las empresas del entramado societario, estando constituida, desde el inicio, por el imputado Julián Esteban Suriel Suazo y Messin Elías Márquez Sarraff, secretario y vocal de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, respectivamente”, agrega.

Este jueves trascendió que en un allanamiento realizado a la vivienda de Suriel Suazo, presunto testaferro de Alexis, fueron ocupados RD$8,525,500 y US$917,600, un fusil y dos pistolas.

Al solicitar medida de coerción, la Pepca especifica que cuenta con más de 300 elementos de evidencias para comprobar la participación de los imputados en el entramado societario, presuntamente creado por Alexis, quien habría recibido beneficios por más de RD$4,500 millones “de varias entidades del Estado, a través de contratos ilícitos”.

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El Ministerio Público afirma tener también cheques, contratos, libramientos, certificaciones e informes, con lo cual pretende demostrar que las transacciones que realizaban las supuestas empresas de Alexis eran beneficiadas con dinero del Estado.

Como testigo a cargo está el actual director de Presupuesto, José Rijo Presbot, con cuyo testimonio el Ministerio Público pretende probar “la estafa contra el Estado que hicieron los imputados obteniendo libramientos millonarios de pagos sin cumplir ninguna de las reglas e incluso sin tener los trabajos o servicios cubicados ni facturados”.

 

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