Entidades trabajan anteproyecto de ley para proteger a denunciante de hechos dolosos en el Gobierno

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), junto al Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con el apoyo de Usaid, elaboran un anteproyecto de ley sobre la protección de los denunciantes.

Esa iniciativa busca continuar fortaleciendo el sostén jurídico y crear una legislación que proteja adecuadamente a los informantes ante represalias legales o administrativas, por presentar denuncias, promover la integridad y la responsabilidad en el sector público.

La directora general de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, destacó que nada de lo que hace la entidad tendrá importancia “si al ciudadano no se le garantiza protección por su cooperación para construir la transparencia, la prevención y la defensa de los bienes públicos”.

Sostiene que cuando un ciudadano coopera de esta forma “debe ser protegido por el Estado”, subrayando que se han realizado talleres de consultas con representantes clave de los sectores públicos y la sociedad civil.

Dijo que esos talleres han permitido presentar recomendaciones “basadas en las mejores prácticas internacionales, así como discutir los desafíos políticos, jurídicos e institucionales que podrían afectar la implementación de un marco normativo que proteja a los denunciantes en el país”.

Entre las diferentes entidades gubernamentales, de la sociedad civil y organismos internacionales que participaron están el Ministerio de Hacienda; la Oficina Nacional de la Defensa Pública y la Contraloría General de la República.

También, el Ministerio de Administración Pública; el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público; la Procuraduría General de la República; la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana.

Entre los expertos internacionales que dirigieron los talleres están, Tom Devine, director jurídico del Government Accountability Project, organización dedicada a la defensa de los denunciantes y Richard Martínez, experto en corrupción en Europa, África y América Latina.

Además, Jorge Martínez Rivera, investigador internacional senior para América Latina en el Government Accountability Project, y Samantha Feinstein, directora del Programa Internacional del Government Accountability Project y vicepresidenta de la Junta de la Coalición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Esta agenda inició en mayo de 2024, cuando el CLDP, en colaboración con la Digeig, organizó un coloquio en el que participaron expertos internacionales de EE. UU. y Francia.

El proceso culminará con un taller de consulta externa y una serie de sesiones internas, cuyo objetivo es capacitar al equipo redactor de la Digeig en la preparación del anteproyecto de ley.

A través de estas sesiones, se prevé incorporar las recomendaciones de los expertos internacionales, como los aportes de las partes interesadas, para garantizar que la futura legislación sea robusta, equitativa y efectiva.