Empresas beneficiadas irregularmente por Gonzalo con 11,500 millones en asfalto irán al ojo de la PGR
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: La entrega a la Procuraduría General de la República por parte de las direcciones de Compras y de Ética e Integridad Gubernamental del expediente sobre las supuestas irregularidades por 11,500 millones en asfalto atribuidas al Ministerio de por Obras Publicas, pone en la carpeta del Ministerio Público las 38 empresas beneficiadas en diferentes contratos entre abril y septiembre del 2019.
El escándalo sobre esa millonaria operación fue destapado en una investigación realizada por El Informe con Alicia Ortega, que detalla que 38 empresas tuvieron adjudicaciones de 300 millones, a excepción de una que solo recibió 150 millones por la misma cantidad de kilómetros lineales de asfalto.
Entre las empresas que recibieron los contratos de 300 millones y que la PGR investigará, se encuentran Constructora Aguilera Quezada S.R.L, Constructora Alba Sánchez y Asociados S.A, Antillean Construction Corporation SRL, Constructora Caliche SRL e Ingeniero -Arquitectos Daniel Medina y asociados, S.A
De igual forma, Gil+Gil Constructora S.R.L, IEMCA división de construcciones civiles S.R.L, Constructora AG S.R.L, IDC Construcción S.R.L, Ingeniería Estrella S.R.L, Ingeniería e Inversiones Globisa S.R.L, Constructora Moll S.A y Multicon Construcciones en general S.R.L
Asimismo, recibieron contratos de 300 millones, Malespín Constructora, S.R.L, Consorcio de Asfalto y Comunicaciones (ASFACON), Constructora Mansan S.R.L, Pepsoltech construcciones S.R.L, Constructora Rizek y Asociados, SAIPAN S.R.L, Constructora Sánchez Ellis S.R.L, Asfalto del Norte S.R.L, Miltihierro y construcciones S.R.L, Asfalto del Cibao y Constructora Mar.
Otras empresas beneficiadas son Byotransfalto HAC S.R.l, Inversiones Boavista S.R.L, Empresas Constructoras de Obras Viales, INGECOMPSA S.R.L, Equipos y Constructoras del Cibao, FAYNETE y Genao S.R.L.
Dentro de este grupo de empresas hay algunas que fueron beneficiadas varias veces por contratos, entre las que se encuentran la Constructora Aguilera Quezada SRL, Constructora Mansan y Constructora Moll S.A.
Por otra parte, la Corporación de Asfalto S.R.L fue quien recibió 150 millones por la misma cantidad de kilómetros lineales de asfalto.
Irregularidades
El informe resaltó en la investigación que la Constructora Moll está ubicada en el edificio Progressus en la avenida Abrahán Lincoln con José Amado Soler en el Distrito Nacional, el mismo lugar donde opera la empresa Castillo, López y Asociados, propiedad de excandidato y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Moll además forma parte del Consorcio Magna que construye la Circunvalación de Santo Domingo y que se mudó a Progressus según sus actas de asambleas en marzo del 2018.
También, en noviembre el local 5 B, desde donde opera dicha constructora fue puesto en garantía para un prestamos de Helidosa compañía también de Castillo.
Por otro lado, las constructoras Gil + Gil y Manzan comparten la misma dirección en La Vega, también se descubrió que según acta de asamblea los representantes de ambas empresas “cuentan con poderes para firmar cualquier tipo de documento para dar apertura y manejar indistintamente una cuenta de ahorro en dólares de Gil + Gil aperturada desde el 2014”.
Igualmente, en el 2018 la representante de Gil + Gil fue apoderada para que suscribiera cualquier tipo de contrato a nombre de Manzan, compañía creada en el 2017.
La Constructora Mar es propiedad de Mícalo Bermúdez, vicepresidente del Consejo Directivo del Banreservas y que fuera uno de los integrantes del equipo político de Castillo.
Denuncia de nuevas autoridades
La presentación de una querella por el escandaloso caso de 11,500 millones de pesos en asfalto manejados de forma irregular en Obras Públicas que hiciera la ex vicepresidente Milagros Ortiz junto y al director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, apunta a que el Gobierno ha asumido con seriedad enfrentar la corrupción en la administración de Danilo Medina.
El expediente fue entregado a la procuradora general de la República, la magistrada Miriam Germán Brito y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Al depositar Ortiz Bosch manifestó “Al presentar esta denuncia es una manera de que el país este confiado en que nuestro deber es colaborar para construir un país honesto, que administre bien los fondos públicos y que las entidades de derecho están conformadas para verificar la veracidad de los hechos que la opinión pública y nuestras investigaciones puedan considerar como no legales”.
De su lado, la procuradora general de la República, al recibir el expediente dijo agradecer la iniciativa ciudadana y se comprometió a «profundizar en las investigaciones hasta dar con la realidad de las denuncias para determinar si hay o no responsabilidades.
