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Empresario canadiense Antonio Carbone pide al TC revisar su condena; alega violación a sus derechos fundamentales

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: El empresario canadiense Antonio Carbone, recluido en una prisión dominicana desde el mes de enero del año 2015, y condenado a veinte años de reclusión por un alegado intento de homicidio agravado contra el promotor de casinos Fernando A. Báez Guerrero, solicitó al Tribunal Constitucional  la revisión de la sentencia, debido a que según asegura, sus derechos fundamentales le han sido violados.

La sentencia fue  dictada en fecha 30 de octubre de 2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que ratificó dicha pena, al considerar que ha sido perseguido con el único propósito de apoderarse de sus bienes.

Carbone, a través de sus abogados Roberto Rosario Márquez y Hotoniel Bonilla, solicitó a la alta Corte declarar la nulidad del proceso seguido en su contra, justificando la petición en que sus derechos fundamentales han sido sistemáticamente violentados por el sistema judicial dominicano.

Indica que  fue condenado por un hecho que no cometió ni tuvo ninguna participación, pues se trata de una trama diseñada en su contra por sus contendores en las inversiones que tiene en la República Dominicana, lo cual ha encontrado respaldo en grupos de poder con incidencia en el sistema de justicia dominicano.

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En la instancia, ampliamente motivada, los reconocidos juristas explican al Tribunal que las graves violaciones al debido proceso iniciaron desde su arresto, ejecutado el 25 de enero de 2015 sin la existencia de una orden judicial motivada.

Argumentan que el conocimiento del juicio de fondo estuvo caracterizado por los constantes incidentes y recusaciones promovidas por la alegada víctima, hasta lograr, mediante infundios, la separación de quien fuera el presidente del Tribunal Colegiado para asegurarse la integración de un tribunal especial e irregularmente conformado por dos juezas suplentes, una de las cuales para entonces no había sido juramentada como juez del Poder Judicial y la otra, al momento de emitir el fallo se encontraba en licencia médica.

Agregan, que la tercera magistrada, quien presidió el tribunal, emitió un voto disidente que recoge en esencia las violaciones al debido proceso en que fue desarrollado el juicio en desmedro de los derechos fundamentales del señor Carbone, por lo que favoreció su absolución.

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En adición, los juristas fundamentan el recurso depositado el pasado 20 de enero ante el TC, en que la sentencia pronunciada por la SCJ contraviene la Constitución y precedentes vinculantes del mismo Tribunal, pues conoció del recurso de casación incoado por el señor Carbone en ausencia de dicho imputado al no ser trasladado por el Ministerio Público y sin la presencia de abogados, lo cual constituye una grave violación al derecho de defensa.

Además, porque la SCJ violentó el principio de legalidad, al condenar al imputado como presunto autor mediato, una figura que no ha sido instituida en el ordenamiento jurídico dominicano.

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