
Redacción/elCorreo.do
SANTO DOMINGO: Tras varios empresarios manifestar que las recientes deportaciones masivas de haitianos han afectado el funcionamiento de varios sectores industriales, un plan de regularización de la mano de obra extranjera podría ser debatido una vez el diálogo sobre la crisis en Haití llegue al Consejo Económico y Social (CES).
La posibilidad quedó abierta durante La Semanal de este lunes, donde el presidente Luis Abinader manifestó que esa discusión sobre si implementar un plan de regularización para esos trabajadores o no “se la dejará” al CES.
La posición del jefe del Estado apunta a que la reunión del miércoles se desenvolvería en un ambiente meramente protocolar, según se desprende, además, de que los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina han avanzado que solo escucharán al mandatario.
“En el CES convocaremos a todos los sectores para que ahí, ya junto a otros que han ido trabajando junto con nosotros, puedan discutir los temas según el beneficio y las mejores acciones a favor del país, por lo que esa discusión yo se lo voy a dejar al CES”, manifestó Abinader.
Últimamente se han producido declaraciones producidas por representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) han solicitado la implementación de un plan que regule a los extranjeros, principalmente a los haitianos ya que estos realizan labores significativas, vinculadas al desarrollo económico nacional.
La pasada semana, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, indicó que hasta el momento la política migratoria del Gobierno no contempla ningún tipo de “plan de regularización”.
“La política migratoria del Gobierno es clara: reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley”, señaló Figueroa en su cuenta de X.
Según el funcionario, las autoridades seguirán aplicando las 15 medidas anunciadas por el presidente y avanzamos en la búsqueda de consenso nacional, incluyendo a los expresidentes. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”.
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