Redacción/ ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: La pandemia del COVID-19 que asola el mundo ha traído secuelas en tres campos esenciales para la vida de las naciones: la salud, la economía y la institucionalidad.
En este último aspecto, la Fundación Internacional para los Sistema Electorales (IFES) ha registrado posposiciones de elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y referendos en una treintena de naciones.
Al parecer, la República Dominicana se encamina a formar parte de esa lista de aplazamientos electorales. Por esa razón, la Junta Central Electoral ha pedido a los partidos emitir en un breve plazo su opinión sobre el tema.
Sobre el tintero se barajan varias opciones, desde las que coinciden en que las elecciones pautadas para el 17 de mayo se deben aplazar para el mes de julio, hasta quienes prevén un escenario sombrío de prolongación del mandato del actual periodo constitucional si llegáramos al 16 de agosto sin elecciones.
La Constitución en su artículo 274 establece que “el ejercicio electivo del Presidente y el Vicepresidente de la República, así como de los representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, terminará uniformemente el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional, con las excepciones previstas en esta Constitución”.
Esas previsiones han sido subrayadas por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/00627-19, en la cual ha aclarado el criterio de que los períodos constitucionales son de duración fija.
Es decir, no se puede confundir el periodo constitucional, que no puede ser interrumpido, con disposiciones constitucionales atinentes a las atribuciones de los órganos constitucionales autónomos durante los períodos de estados de excepción.
Siendo así, las fuerzas políticas, la sociedad civil y la población en general se deben preparar para realizar elecciones dentro del actual período constitucional, si la evolución de la actual crisis sanitaria lo permite.
Bajo ninguna circunstancia se pueden acariciar ideas peregrinas de prolongación de mandato, ni de debilitamiento de la institucionalidad, como viene pasando en naciones como Hungría, donde el presidente ultraderechista Viktor Orban ha aprovechado esta crisis del coronavirus para debilitar la democracia y afianzar el despotismo.
Orban se ha hecho aprobar leyes alarmistas sobre las noticias falsas y desmejorado notablemente el clima democrático de Hungría.
Los dominicanos, que venimos de un episodio traumático con la “suspensión” de las elecciones de febrero y las conflictivas primarias abiertas de octubre del año pasado, estaremos de pie exigiendo que se cumpla con el principio de soberanía popular y con el respeto estricto a la Constitución.
El virus de la compulsión monárquica no tiene espacio en estos momentos de calamidad pública y mucho menos a expensas del dolor y la muerte que galopan nuestra maltrecha realidad social.
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