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El Ministerio Público da la impresión de no tener dominio del expediente del caso Antipulpo

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ordenaron al Ministerio Público leer de manera precisa los hechos de la acusación del caso de corrupción Antipulpo que tiene como principal imputado a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.

Las magistradas Claribel Nivar, Gissel Soto y Clara Sobeida Castillo conminaron al órgano acusador a readecuar la acusación en la descripción, análisis y motivación de los hechos.

«Solamente se va a recibir la lectura de los hechos y su calificación jurídica, porque esto es lo que asegura para todos ustedes, lo que va a determinar la seguridad jurídica de que los tribunales actúen cónsonos con su precedente», motivó la jueza Nivar, presidenta del juzgador.

Se espera que el ajuste a la lectura sea aplicado a partir del próximo lunes 9, fecha en la que están convocadas las partes para continuar con el juicio de fondo.

Las defensas técnicas de los imputados, en su mayoría presentaron incidentes al proceso y detuvieron la lectura del expediente para exigir que la parte acusadora puntualice los hechos.

El abogado del imputado Medina Sánchez, Richard Martínez Amparo, indicó que el Ministerio Público mostró «debilidad» en cómo presentar la acusación, pues lo que hacían era describir pruebas.

Los asesores jurídicos requirieron que en la acusación “se describa el cómo lo hice, cuándo lo hice y qué hice, que ha sido petición fundamental del Tribunal desde que se inició este juicio de fondo el pasado mes de septiembre”.

Mientras, el jurista Robinson Reyes expresó que lo que hace una acusación fuerte “es la formulación precisa de cargos y esto ha estado ausente en este proceso”.

Ante esta situación, el Ministerio Público, en voz de la coordinadora de Litigación, Mirna Ortiz, refirió que los imputados “rehúyen a la acusación y por eso incidentan el caso”.

«Si la acusación no hubiese tenido fundamento, yo les pregunto a ustedes, si hubiésemos llegado a juicio de fondo», declaró Ortiz, al tiempo de llamar a los tribunales del país a ponerse de acuerdo en las normas que aplican.

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En el expediente, el Ministerio Público acusa a 48 personas físicas y jurídicas, señalando como principal acusado a Medina Sánchez, al que atribuye supuestamente haber creado un entramado societario.

Precisa que esas acciones alegadamente se realizaron, «utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez».

Según el documento acusatorio, Medina Sánchez realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios, “haciéndose adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada”.

Los tipos penales que se atribuye a los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.

Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.

También, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Germosén Andújar, José Miguel Genao-Editorama y Lorenzo (Freddy) Hidalgo.

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