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El expediente del “infame peaje sombra” emana inmundicias a raudales por toda parte

Por Juan Acosta R.

Redacción/elCorreo.do

SANTO DOMINGO: Cuando en 2005 el Banco Mundial realizó un estudio que validó “con rigor científico” la alta tasa de rendimiento económico y social que resultaría de las proyectadas carreteras Juan Pablo II y Boulevard Turístico del Atlántico, las dudas que pudieron quedar entonces se desvanecieron por completo.

De ahí el entusiasmo del entonces secretario de Obras Públicas, Freddy Pérez, y su equipo compuesto por Emilio Florentino, subsecretario; Mayobanex Escoto, subsecretario vial; Francisco González, subsecretario de Concesiones Viales y Portuarias, y Mario Holguín, subsecretario de Tránsito Terrestre.

Tras ese grupo siguieron otros que nada hicieron para defender el patrimonio nacional, dejando siquiera una brecha por donde el país pudiera demandar equidad para negociar el desigual acuerdo financiero con el que habían comprometido “sus representantes”.

Como se verifica desde el primer momento de ser puesta en funcionamiento ambas obras, a la República Dominicana sólo le ha correspondido perder-perder, mientras la otra parte se blindó de tal manera, que sólo ha sabido ganar-ganar.

Así, desde sus inauguraciones en diciembre de 2008 y octubre de 2011 respectivamente, las obras no han generado en el orden esperado, sino todo lo contrario para el país, pues los ingresos previstos por el organismo financiero mundial han estado significativamente por debajo del mínimo garantizado por el Estado al consorcio Autopista del Nordeste, S.A., empresa colombiana encargada de la construcción y administración de las autopistas.

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De hecho, el déficit en relación al mínimo garantizado en el contrato concesionario ha sido tal que en el periodo 2012-2019 el gobierno erogó más de US$450 millones por concepto del peaje sombra que subvenciona a la empresa desarrolladora en virtud de su rentabilidad inconsistente.

Tal y como se ha venido repitiendo desde hace casi una década, la cifra en perspectiva que se proyectó para la construcción de ambas carreteras fue de unos US$305 millones, cantidad que ya ha sido saldada desde hace casi cinco años.

Sin embargo, y tal como lo revelara el presidente Luis Abinader el 27 de febrero durante su mensaje a la nación, la concesionaria reclama, sólo por el último año, la suma de siete mil millones de pesos, equivalentes a casi la mitad de lo estipulado para todo el contrato.

Debido al inefable peaje sombra los dominicanos, independientemente de que circule o no, posea vehículo o no ha pagado hasta el pasado 2020, por encima de los US$500 millones, sin tomar en cuenta el exageradamente alto “peaje normal”, que el consorcio ha estado cobrando desde finales del año 2008.

Cálculos fallidos

Si se analiza “fríamente” el aberrante ingreso mínimo que el Estado le garantizó al consorcio colombiano, pariendo de lo establecido por el ex presidente Leonel Fernández en una carta que le remitió en calidad de presidente de la República al Congreso en 2008, tal garantía económica consiste en:

  1. La totalidad de los costos de operación y mantenimiento (incluido los montos para las cuentas de reserva para el mantenimiento mayor y el reemplazo de los activos);
  2. El fondeo de la cuenta de flujo de caja mínimo;
  3. Los impuestos sobre la renta;
  4. El servicio de la deuda (pago de capital más intereses); y
  5. La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivalente a 16.9% a favor de los accionistas de la sociedad concesionaria sobre su aporte de capital de riesgo.
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Empero, ese ingreso mínimo garantizado se ha ido convirtiendo en una transferencia casi total, ya que no sólo en tiempos normales por es avía es escaso el tránsito, el año pasado, por la pandemia provocada por el covid-19, puede decirse que alcanzó un 100%.

Lo peor de todo es que a la empresa concesionaria “los representantes dominicanos” les garantizaron un ilógico éxito financiero asegurado por 30 años de los cuales ya lleva casi 12 cobrando sumas millonarias en pesos y dólares.

Completivo estatal

En 2012 el Estado pagó RD$1,838.2 millones; en 2013 RD$1,339.2 millones; en 2014 RD$2,272.1 millones; en 2015 RD$2,500 millones; en 2016 RD$2,836.4 millones; en 2017 RD$2,731 millones; en 2018 RD$2,585 millones y en 2019 RD$3,566.9 millones. La suma de los aportes antes citados equivale a un incremento promedio anual del 13.5% en el periodo 2012-2019.

La oficina de Esquea

En caso de que la oficina de abogados del doctor Enmanuel Esquea Guerrero encuentre méritos para buscar la revocación del contrato consensuado “entre las partes”, pero en dirección contraria al interés nacional, de seguro encaminará acciones para que la instancia correspondiente llame a declarar al respecto a todos los que participaron directo o indirectamente.

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Allí habrán de acudir los ex titulares de Obras Públicas Miguel Vargas, Freddy Pérez, Víctor Díaz Rúa y Gonzalo Castillo.

Además, los ex secretarios o ministros de Hacienda, Fernando Álvarez Bogaert, Vicente Bengoa, Simón Lizardo  y Donald Guerrero, así como los subsecretarios o viceministros de las dependencias antes mencionadas, así como los respectivos directores jurídicos y los notarios que avalaron esos contratos.

Junto a los ya señalados, deben rendir cuenta los presidentes del Senado, Cámara de Diputados, acompañados de los coordinadores de las comisiones permanentes de Finanzas y Obras Públicas.

Mientras, los representantes locales y extranjeros de la empresa ejecutora de los proyectos tendrán que explicar cómo “convencieron” a los funcionarios que “negociaron” los términos para la compensación del déficit generado por el exiguo tránsito en la autovía.

Otros nombres en la lista infame

En la infame lista aparecen los nombres de Pedro Delgado Malagón, Miguel Logroño Divanna, Armín R. García. Héctor M. Fernández, Ramón Inoa Núñez, Manuel Inoa Liranzo, Carlos Martínez, Juan H. Ramos, Héctor M. Fernández Tejada, Carlos Marte, Rosa Mitzi Lluberes Sepúlveda, Ana Nadal de García y Louis Berger.

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