Namphi Rodríguez/ElCorreo.do
SANTO DOMINGO: El artículo 49 de la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos no protegen ciertos tipos de discursos que se encuentran excluidos de la tutela jurídica a la libertad de expresión, tales como: i) la propaganda de la guerra y la apología al odio; ii) la incitación directa y publica la genocidio y iii) el terrorismo.
Así, el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) consigna que “estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racional o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de persona”.
Este discurso es excluido de la libertad de expresión, lo mismo que los ataques contra la niñez y la infancia.
Por esa razón, la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio (artículo III-c) excluye las expresiones públicas que propicien o enaltezcan este de tipo de hechos; mientras que el artículo 34-c de la Convención para los Derechos del Niño censura todo tipo acto relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la prostitución de niños en pornografía.
En el ámbito de la legislación adjetiva, el artículo 336 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, define el delito de discriminación como “toda distinción realizada entre personas físicas en razón de su origen, edad, sexo, de su situación de familia, de su estado de salud, de sus discapacidades, de sus costumbres, de sus opiniones políticas, de sus actividades sindicales, de su ocupación, de su pertenencia o no, verdadera o supuesta, a una etnia, a una nación, una raza o una religión determinada”.
La Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, en su artículo 35, penaliza el escarnio público de la discriminación, cometido a través de la injuria, que ha tenido el propósito de provocar sentimientos de odio en la población, en perjuicio de un grupo de personas que, por su origen, pertenece a alguna raza o a religión determinada.
Igualmente, dispone en el párrafo final del artículo 33 que “la difamación cometida por los mismos medios contra un grupo de personas que pertenece, por su origen, a una raza o a una religión determinada, se castigará con pena de un mes a un año de prisión y con multa”.
Por último, la Ley 267-08, sobre Terrorismo, dispone en su artículo 29 que, “será sancionado con penas de dos a cinco años de reclusión toda persona que mediante discurso, sermones, arengas o valiéndose de medios de comunicación electrónicos o impresos se dedicare a exaltar, encomiar o hacer apología de la comisión de crímenes terroristas o de sus autores”.
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